Trelew

Es por la contratación directa del abogado Miguel Castillo

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LA FISCALÍA PIDIÓ EL JUICIO PARA UNA CAUSA QUE INVOLUCRA A DE HERNÁNDEZ Y VENTURA

El Ministerio Público Fiscal solicitó hoy la realización del juicio oral y público en la  causa donde se le imputa al ex intendente de Rawson Luis De Hernández el delito de administración infiel y abuso de autoridad por la contratación directa de un abogado un mes antes de concluir su gestión.-

LA ACUSACION

La imputación alcanza también al ex secretario de Hacienda Magin Ángel Ventura como partícipe necesario por haber refrendado las resoluciones por la cuales se contrató al profesional y se le reconocieron 373.000 pesos en concepto de honorarios. La misma figura se le enrostra al abogado Miguel Castillo, quien fuera contratado por el Municipio para realizar la determinación de la deuda que en materia impositiva mantenía la Provincia con la comuna de Rawson. En los hechos el trabajo no se concretó nunca.- Por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública a de Hernández, Ventura y Castillo les podría caber una pena de cuatro años de prisión. A esto se debe agregar la posibilidad de un año de prisión y doble tiempo de inhabilitación para ocupar cargos públicos para el ex intendente y el ex secretario de Hacienda por abuso de autoridad.-

DURO DEBATE

La audiencia preliminar donde se debaten las medidas de prueba que formarán parte del juicio tuvo lugar esta mañana ante el juez penal Fabio Monti. La Fiscalía a través del fiscal jefe Alejandro Franco y el funcionario Rodrigo Freire Méndez sostuvo la acusación contra los tres imputados y dio a conocer los medios de prueba con los que cuentan al concluir una compleja  investigación. EL debate se prolongó por espacio de casi tres horas debido a planteos de sobreseimiento y nulidad por parte de los abogados defensores Fabián Gabalachis (De Hernández), Sergio Rey (Castillo) y Javier Reuter (Ventura), los que fueron rebatidos por la Fiscalía. Ambas partes sostuvieron sus posiciones en base a argumentos legales y conocimiento profesional en torno al viejo procedimiento y al actual Código de Procedimientos Penal generando un intercambio de ideas de alto contenido intelectual.-

LA CONTRATACIÓN

El hecho investigado se remonta al 4 de noviembre de 2003 cuando el ex intendente de Hernández junto con Ventura firman la resolución contratando al abogado Miguel Castillo para determinar las acreencia que el Municipio de Rawson tendría sobre la Provincia en materia impositiva. Lo que se le enrostra a los ex funcionarios es haber realizado la contratación directa del profesional habiendo violado el Régimen de Contrataciones que señala la obligación de realizar una licitación pública debido al monto del contrato.- Asimismo la acusación puntualiza que la tarea que se le encomendó a Castillo “no se realizó”, sino que por el contrario la determinación de las acreencias del Municipio con respecto a la Provincia ya había sido realizada con  anterioridad por los profesionales de la comuna y del Ministerio de Economía, lo que garantizaba un éxito de cobro. En el contrato se estipuló que el pago al profesional sería del 12 por ciento en caso de saldo positivo para el Municipio cuando en realidad –según la evidencia colectada por la Fiscalía-, ya se tenía certeza de ello.-

SIN QUERELLANTE

Según la investigación un día antes de recibir el pago por sus servicios profesionales el abogado Castillo cedió los derechos del contrato a favor de Héctor Omar Febrero. El 23 de diciembre del 2003 –practicado los descuentos de ley-, el empresario hizo efectivo un cheque de la cuenta oficial de la Municipalidad de Rawson por 291.000 pesos del Banco del Chubut S.A. concretándose la salida de los fondos públicos.- La denuncia fue iniciada por el ex intendente Pedro Planas. Si bien en un primer momento el Municipio actuó como querellante, tiempo después desistió de la acción y ayer ningún representante de la Comuna participó de la audiencia. Debido a la cantidad y complejidad de los planteos, réplicas y contrarréplicas que efectuaron las partes, el juez Monti difirió la resolución de la audiencia preliminar para el próximo jueves, existiendo en la Fiscalía expectativas