Una jornada compleja se vivió en la Audiencia que se lleva adelante en torno al Juicio Oral y Público donde se juzgan las probables maniobras fraudulentas contra el Banco del Chubut S.A., debido a la oposición de las defensas de los imputados a la resolución emitida por el Tribunal, respecto de lo sucedido en el día de ayer, lo que derivó en debates entre las partes y la nueva recusación del Cuerpo de magistrados que preside este evento.

  LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL   El Tribunal presidido por el doctor Roberto Portela, e integrado por los doctores Servent y Arguiano, dieron a conocer en el comienzo de la sesión de hoy la resolución sobre la oposición planteada al interrogatorio conducido por el Dr. Pandolfi al testigo Eduardo Palacios, por parte del Fiscal Báez y querellante, Dr. Silvestroni, en el sentido que las preguntas realizadas por el letrado resultaban indicativas, inductivas y que conllevaban a su vez un adelanto de los alegatos a producir, mientras que las defensas aducían que partían del derecho de defensa que permite preguntar libremente y confrontar al testigo en aras de su ministerio.   Haciendo referencia al caso Benítez, mencionado por la argumentación de las defensas, el Tribunal consideró que la Corte Suprema ha declarado procedente el recurso extraordinario dejando sin efecto la sentencia atacada sobre la base de que la misma se estructuraba en base a testimonios agregados por lectura sobre los que no hubo adecuado contralor de la Defensa en la etapa de instrucción mientras el imputado no fue habido.   Mas adelante indica que sobre el punto de la confrontación pretensa, podría incluso llevar a un testigo a la comisión de un delito, en caso de reconocer en su deposición circunstancias que otrora dijo desconocer, ello en virtud del art. 45 último párrafo de la Constitución Provincial. En tal sentido, agrega, la argumentación de que la amplitud del derecho a interrogar es “ilimitado” carece de fundamento lógico y legal.   Hace referencia también a las veladas alegaciones del interrogatorio, las que deben tener cabida en la etapa procesal oportuna, como así también lo expresado por el Doctor Heredia, cuando indicó que el testigo Palacios hubiere sido denunciante y síndico representante del Gobierno del Chubut. Por todo esto, resuelve hacer lugar a la oposición formulada por los acusadores e instar a las partes que integran este proceso a conducirse en lo sucesivo dentro de los citados lineamientos.

LAS DEFENSAS SOLICITAN PRORROGA DEL CUARTO INTERMEDIO   Una vez conocida la resolución, se dispuso un cuarto intermedio, para retornar a sesionar a las 10,35hs., tomando la palabra el Dr. Luis López Salaberry, para solicitar una prórroga del cuarto intermedio hasta el próximo martes, debido a la gravedad de la resolución dictada, según expresó, lo que hace necesaria su profundización, ya que obliga a fundamentar como la interpretación del “caso Benítez” por parte del Tribunal no se compadece con el enmarcamiento dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trayendo a colación varios casos que menciona como antecedentes.   El doctor Heredia, adhiriendo a su antecesor, dijo que está en juego la continuidad del debate en términos constitucionales, que debe buscar preservar la defensa en juicio, en tanto que el doctor Emilio Galende consideró como un atropello procesal la resolución, expresándose en este sentido el defensor de Silvia Beros, Dr. Romero y el Dr. Hervida.

EL RECHAZO DE LOS ACUSADORES Y EL DEBATE   Le tocó el turno a la querella del Banco, representada por el Dr. Mariano Silvestroni, quien indicó que la prórroga solicitada no está prevista en la Ley, siendo el único recurso posible el de la reposición, encontrando el pedido de las defensas como improcedente.   Pero se extendió en su exposición, diciendo que hay un principio jurídico que dice: nadie puede alegar su propia torpeza. En este sentido planteó que el Tribunal resolvió en contra de lo actuado por los defensores, lo que no puede ser sorpresivo ya que está dentro de lo previsto, y agregó que los fallos traídos a colación por López Salaberry como antecedentes no tienen nada que ver con lo que se está planteando en esta causa.   Las defensas se  llenan la boca hablando de la Constitución , pero insisten en el entorpecimiento del proceso: la semana pasada amordazaron a la prensa, amordazan a los testigos porque no les conviene lo que dicen, ahora intentan amordazar al Tribunal, cuestionan el resultado de pruebas, dijo Silvestroni, para luego manifestar que estos son los hechos del caso, no el caso Benítez y los casos citados. Los defensores quieren la suspensión y la dilación del Juicio y no existe razón legal o constitucional para suspenderlo.   El Dr. Báez, del Ministerio Público Fiscal, se sumó a lo expresado por Silvestroni, oponiéndose a la prórroga de cuarto intermedio que no han podido justificar las defensas. Siguió manifestando que los límites impuestos son iguales para todos, tanto para el Ministerio Público Fiscal como para las defensas, que hablan de gravedad, pero no dicen a que se refieren con eso,  ya que lo único que quieren es dilatar el proceso.

SOBRE AGRAVIOS  Y MORDAZAS A LA PRENSA   La reacción de la parte defensiva la encabezó el Dr. Heredia, al manifestar su asombro ante los dichos de uno aterrizado de Buenos Aires, refiriéndose a Silvestroni, por lo que va a hacer una presentación en el Colegio de Abogados.  Enfatizando que no se debe descalificar, dijo que como el profesional viaja seguido se olvida de lo que ocurre aquí., refiriendo a los dichos de la querella como de una bajeza ostensible, mientras que nosotros siempre hemos sido coherentes y no puedo permitir el agravio personal, agregó.   Negó haber amordazado a la prensa, para referirse luego al Tribunal, expresando que tienen temores fundados sobre la imparcialidad del mismo, refiriendo luego al pedido de prórroga, al expresar que tienen que armar una estrategia, deben saber que armas van a utilizar.   Seguidamente, el Dr. López Salaberry dio a conocer su extrañeza e indignación por todo lo escuchado, y dijo que se sentía ofendido personalmente por los dichos de Silvestroni, que no conoce ni sabe nada de las personas a las cuales se ha dirigido. Por lo tanto, solicitó el testimonio de lo dicho por el querellante para remitir al Colegio de Abogados y a la Asociación Argentina de funcionarios y magistrados, ya que el Ministerio Público Fiscal no puede pronunciarse de esa manera.   Volvió sobre el tema de la libertad de prensa, rememorando las luchas llevadas adelante en tal sentido entre 1976 y 1983, explicando que no se pretende amordazar a nadie, calificando a eso como una acusación que significa un acto de bajeza, de una calidad e imputación grave. Agregó que falta que los traten como delincuentes, pidiendo que si el hostigó a algún testigo que se le haga una denuncia concreta, en referencia a lo determinado por la resolución del Tribunal.   Otras expresiones de Salaberry tuvieron que ver con que esto no es un juego, es la libertad y el patrimonio de las personas, solicitando que aprendan normas jurídicas los fiscales.   Le siguió en la palabra el Dr. Galende, y manifestó sentirse amordazado por el presidente del Tribunal, Dr. Portela, exolicando que hablaba desde su dignidad  como trelewense y chubutense, para que algún abogado de Capital Federal nos venga a ilustrar. Siguió refiriéndose al querellante, cuando dijo que éste vertía conceptos mediáticos que buscan efecto, y pidió tener memoria y respeto, agregando que Silvestroni ha alegado su propia torpeza. Intentó aclarar la situación generada con el pedido de investigación sobre la difusión por parte de la prensa sobre este juicio, y refirió que la mordaza la puso el Tribunal con su resolución. Al tema de la prensa también hizo alusión el Dr. Romero, quien admitió haber sido el que expresó la posibilidad de algún indicio a través del Ministerio Público Fiscal, por lo que solicitó oportunamente la investigación, dando cuenta de sus sospechas que alguna de las partes estaba involucrada, y habló de una posible recusación al Tribunal por su grave resolución.

LA RECUSACION AL TRIBUNAL Y LA SOLICITUD DE REEMPLAZO

Luego de todo esto, el Tribunal se tomó un tiempo y finalmente resolvió no hacer lugar a la prórroga del cuarto intermedio, por lo que el Dr. Heredia expresó la necesidad de mantener una coherencia y recusó públicamente al Cuerpo de magistrados que preside esta audiencia, considerando que no podía seguir al frente de este juicio, manifestando su falta de imparcialidad, y dejando en claro que no puede continuar el desarrollo del debate, aclarando que iba a fundamentar la recusación, por lo que iba a tomarse los tiempos procesales correspondientes. En tanto López Salaberry acusó al Tribunal de prejuzgamiento y solicitó la conformación de un nuevo Tribunal distinto a este, que entienda en la recusación que se estaba presentando. Se sumaron el Dr. Romero y el Dr. Galende, con causales de prejuzgamiento, imparcialidad quebrada mostrando parcialidad y violación del derecho de defensa. Por la parte querellante, el Dr. Silvestroni y el Dr. Báez indicaron que no se iba a expresar sobre la recusación, ya que debía ser fundamentada, pero peticionaron no suspender el debate. Por otro lado, el Dr. Silvestroni pidió las copias certificadas de todo lo dicho,  ya que observará la posibilidad de presentación, mas allá del Colegio de Abogados, en el Inadi, si existiera discriminación en los dichos de los defensores.

LA CONTINUIDAD DEL DEBATE Y EL AMAGO DE UN RETIRO

El Tribunal, luego de una breve deliberación, a las 12,15 hs. resolvió la continuidad del juicio, solicitando el ingreso del próximo testigo, el señor Antonio Roqueta, pero al momento que el deponente ingresaba, se retiraron de la sala los Doctores López Salaberry, Heredia, Galende y Romero,  hecho ante el cuál el Dr. Portela requirió que se los intime a volver a la sala, calificando esto como una obstaculización. Los abogados reingresaron inmediatamente y ocuparon sus lugares, dando lugar a la continuidad de la audiencia, comenzando a atestiguar el señor Roqueta, un empresario comodorense, ex director del Banco del Chubut S.A. entre 1996 y 2000.