La UFE AyDA detalló los hechos y la calificación legal del caso. Dos de los animales murieron mientras estaban bajo resguardo judicial por responsabilidad del imputado.
La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFE AyDA) solicitó la audiencia de apertura de investigación preparatoria contra un vecino de Rawson, presunto autor de maltrato y crueldad hacia cuatro canes.
El pedido se presentó el 19 de agosto, solicitado por la fiscal general jefe María Florencia Gómez, después de que la magistrada requiriera precisiones sobre el encuadre legal de los hechos.
Todo comenzó el 23 de julio de 2025, cerca de las 12:20, cuando personal de la Comisaría Rawson y de la Dirección de Veterinaria y Saneamiento Municipal ingresó con una orden de allanamiento a una vivienda de la calle Rivadavia. Encontraron a Nieve, Negra, Lupi y Lani en estado de desnutrición grave, rodeadas de residuos y desplazándose sobre sus propias heces y orina.
Los estudios veterinarios y bioquímicos revelaron un cuadro compatible con enfermedades parasitarias transmitidas por vectores, una probable insuficiencia hepática y un deterioro nutricional crónico. En Lupi se detectaron alteraciones asociadas al parásito Hepatozoon canis, conocido como "enfermedad de las garrapatas", que según el informe veterinario probablemente afecta también a las otras tres por haber convivido.
Ninguna de la cuatro canes tenía las vacunas obligatorias.
Lani murió el 21 de diciembre de 2025 y Negra el 20 de febrero de 2026, ambas al cuidado de depositarias judiciales por cuadro de desnutrición severo atribuible al imputado.
Para la fiscal FlorenciaGómez, el fallecimiento se debió a la falta de alimento adecuado y de atención veterinaria.
La calificación provisoria reúne dos delitos en concurso ideal, es decir, una misma conducta que encuadra en más de una figura penal. La primera es la Ley 14.346 de protección animal (arts. 1, 2 inc. 1 y 3 inc. 7), que castiga los actos de maltrato y crueldad. La segunda es el artículo 206 del Código Penal, que sanciona la violación de las normas de policía sanitaria animal; en este caso, la Ley 22.953, que exige vacunar, en especial contra la rabia.
Según la Fiscal Florencia Gomez esta última figura protege también la salud pública, porque busca evitar enfermedades que los animales pueden transmitir a las personas. En el escrito sostuvo que el investigado conocía esa obligación desde que asumió el cuidado de los cuatro canes.
La UFE AyDA recordó además que el Tribunal de Faltas ya indicó que la conducta excede el marco de las faltas previstas por la ley provincial I N° 814. Citó la Resolución N° 26/2026, que establece que la legislación provincial no puede reemplazar el derecho de fondo nacional.
La unidad, creada por Resolución 244-FD del 6 de diciembre de 2024, interviene en representación de los animales, a quienes considera víctimas, sujetos de derecho dentro del proceso penal.
La jueza Eve Ponce habilito la Apertura de investigación por el plazo de 6 meses.
Área de Comunicación Institucional del MPF.
