El juez penal de la ciudad de Esquel, Carlos Richeri, resolvió rechazar la nulidad solicitada por los abogados representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chubut y confirmó la actuación de los fiscales que habían desestimado la denuncia contra miembros del Superior Tribunal de Justicia. También formuló un severo llamado de atención a los abogados patrocinantes por su accionar procesal.
Richeri, en su resolución, validó las recusaciones de las juezas Ana Karina Breckle, María Laura Martini y Eve Anahí Ponce, quienes se apartaron del caso por diversos motivos personales e institucionales. Confirmado su rol como subrogante. El juez a cargo de la resolución, examinó las peticiones formuladas por los abogados de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chubut. El apartamiento del Procurador General, Jorge Miquelarena. La nulidad de la desestimación fiscal dictada durante la feria judicial. El reconocimiento como querellantes y la posibilidad de continuar la causa de forma autónoma.
Luego de analizar detalladamente cada uno de los argumentos, el juez desestimó todas las nulidades planteadas. Consideró que el Procurador General actuó en el marco de sus atribuciones como jefe del Ministerio Público Fiscal, que los fiscales actuantes, lo hicieron con independencia funcional. También rechazó que fuera necesaria una habilitación judicial para resolver durante la feria, ya que el Código Procesal Penal autoriza la actuación fiscal sin restricciones temporales para garantizar la celeridad procesal.
Asimismo, ratificó la validez de la desestimación dictada por el equipo de fiscales conformado por el Procurador General, e indicó que la misma se ajustó al deber legal de emitir una decisión en un plazo razonable. En ese marco, descartó que existieran elementos objetivos que permitieran reabrir la investigación.
Finalmente, Richeri formuló un severo llamado de atención a los abogados Alfredo Pérez Galimberti y José Raúl Heredia, quienes representan a la Asociación de Magistrado y Funcionarios del Chubut como denunciantes. Señaló que "su accionar procesal fue contrario a los principios de buena fe, que sus planteos carecieron de sustento técnico y que incurrieron en expresiones agraviantes hacia otros operadores del sistema judicial".
