Audiencia de incidentes por incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacciones agravadas
Autorizan prórroga del plazo de investigación del caso
El pasado jueves 6 del presente se efectivizó la audiencia de incidentes en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacciones agravadas que tiene como imputado a Fernando Alfredo Calandra.
En un primer momento la defensa planteó “objeción a una pericia informática” de cotejo de voz solicitada por la fiscalía. “Esto afecta el debido proceso y el derecho a defensa en juicio”, continuó el defensor. Solicitando “se deje sin efecto tal medida en razón de su ilegalidad”.
En contraposición el representante de fiscalía solicitó “se rechace el planteo de la defensa”, recordando que en la audiencia de apertura del caso el fiscal le informó al imputado y la defensa de la existencia de esos audios. En cuanto a la extracción de dichos audios, mediante el UFED, se realiza una extracción forense de audios para practicar la pericia de voz. Recordando que lo que solicitó la fiscalía es una pericia de voz, y no telefónica. Por lo cual al no existir agravio debe rechazarse lo postulado por el defensor.
Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió que le asiste razón a la fiscalía que, para este tipo de pericia, no es necesaria la autorización de la jueza actuante. Sin embargo, sí hay datos que se deben informar a la defensa con la antelación suficiente de la fecha de inicio de la pericia, como el software que se utilizará para la pericia. No impidiendo la realización de la pericia de comparación de voz. La defensa puede controlar la misma o realizar su propia pericia.
Plazo de investigación:
Seguidamente el funcionario de fiscalía, Franco Tavano, solicitó la ampliación del plazo de investigación por tres meses. Ello ya que resta cumplimentar la pericia psiquiátrica al imputado por parte del Cuerpo Interdisciplinario Forense y la pericia de voz antes referida.
Por su parte el defensor particular, Franco Mellado, se opuso a la ampliación del plazo de investigación ya que a su entender “no existió dificultad para obtener la prueba, sino una demora del Ministerio Público Fiscal”. Si así lo autorizara la jueza el plazo no debe ser superior al mes, concluyó el defensor.
Finalmente, la jueza penal Lilian Borquez, autorizó la prórroga del plazo de investigación solicitada por la fiscalía por tres meses. Teniendo en cuenta para ello las dos pericias que se encuentran pendientes, la de comparación de voz y la del “art. 206” del Código Procesal Penal.
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