Del encuentro participaron directivos de escuelas de nivel medio de la región para escuchar e intercambiar inquietudes con un equipo amplio del Ministerio Público Fiscal. Expusieron la fiscal jefa María Bottini, el fiscal Martin Roberson, la procuradora de fiscalía, Paula Bestene, la funcionaria Morena Broggi Underwood, las profesionales del SAVD, Romina Percivale (responsable local del Servicio) y Margarita Rodgers, y Susana Ponce del área de Capacitación. La articulación entre la Fiscalía y el sector educativo, fue realizada por el EOATE.

La actividad se realizó en el colegio Salesiano, para avanzar en la articulación institucional de un dispositivo de intervención preventiva y formativa destinado a docentes y comunidad educativa de los últimos años del nivel secundario.

Las temáticas

En el encuentro se abordaron temáticas como ciberacoso, noviazgos violentos, violencia digital y delitos informáticos, situaciones vinculadas a la convivencia y vulneración de derechos, protocolos de intervención, redes interinstitucionales y una introducción a la nueva ley penal juvenil.

En este marco, se propuso la implementación de instancias de trabajo en instituciones educativas, mediante talleres, espacios de reflexión y/o charlas participativas, a cargo de profesionales de la Fiscalía.

La Fiscalía impulsa estos espacios de diálogo interinstitucional, en el entendimiento que el trabajo articulado entre organismos resulta fundamental para fortalecer la prevención, promoción de derechos y acompañamiento de las trayectorias estudiantiles.

La obligación de denunciar

Bottini explicó que los docentes, como funcionarios públicos, tienen la obligación legal y ética de denunciar actos de violencia de género o abusos contra niños, niñas y adolescentes. La normativa nacional exige a los educadores actuar como garantes de derechos, la omisión de esta tarea puede acarrear sanciones penales graves. La escuela funciona como un espacio de protección fundamental donde las víctimas pueden romper el silencio y recibir asistencia profesional.

La fiscal explicó que la manera adecuada de proceder implica la escucha activa, el registro detallado de los hechos y la articulación de las autoridades escolares con los organismos encargados de la investigación. La intervención del docente es un paso indispensable para la reparación de la víctima y su desarrollo futuro.