Procuración General

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Coordinación de acciones contra el abigeato

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Dándole continuidad a un tema de gran preocupación de las autoridades públicas, tuvo lugar en la mañana del miércoles 21 de septiembre una reunión entre el Procurador General, los Ministros de Gobierno y de la Producción. Participaron además integrantes de la Policía del Chubut y de la Procuración General, y tuvo por objeto coordinar acciones para tratar el problema del abigeato en la provincia.

Miquelarena efectuó un repaso de la situación actual en relación con este delito, a partir de los datos de ingresos y evolución de los casos en los últimos tres años. Se advierte que un gran número de hechos son perpetrados por autores ignorados, lo que desde ya repercute en el escaso índice de efectividad en términos de condenas.

Explicó a los presentes las acciones que está llevando a cabo, entre las que se encuentra la emisión de una instrucción general referida al tema, que aborda entre otros aspectos, requerir la continuidad del secuestro de los elementos vinculados con el delito y el posterior decomiso de esos bienes (armas de fuero, vehículos, entre otros).

Los integrantes de la Unidad de Análisis Criminal, expusieron el funcionamiento de los modelos que aplican para el estudio de los delitos y anunciaron la encomienda que les efectuó el Procurador General de continuar profundizando en el análisis de este fenómeno delictivo.

Por su parte, los integrantes de la Policía del Chubut hicieron su aporte, detallando las medidas que a su criterio deben profundizarse para alcanzar mejores resultados en la prevención e investigación de estos hechos.

El Ministro de Producción comentó las líneas de trabajo que han abordado, manteniendo reuniones con productores de distintas zonas de la Provincia. En particular destacó que se avanzará en conversaciones con los Intendentes y los organismos de control y fiscalización tendientes a prevenir el mercado de reducción de carne clandestina.

Se puso énfasis en resaltar que el abigeato es un delito grave de acuerdo con las escalas de pena que regula el Código Penal, que tiene consecuencias económicas severas, involucrando además cuestiones relacionadas con la salud pública.

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