El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, presidido por Jorge Canteros y el Consejo Federal de Política Criminal, que preside Jorge Luis Miquelarena, reiteraron su reclamo a los tres Poderes del Estado. Insisten en que es necesario “planificar estrategias que se erijan en verdaderas políticas de estado evitar que organizaciones criminales atenten contra las autoridades democráticas y comprometan la gobernabilidad y la paz social.”

El comunicado

Ante el brutal ataque perpetrado por integrantes de grupos pertenecientes a organizaciones narco criminales en contra del fiscal César Suárez, quien investigaba graves atentados contra instituciones de la República de Ecuador, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, asociaciones integradas por los Procuradores y Fiscales Generales de todas las Provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresan su más enérgico repudio y reiteran la convocatoria efectuada hace años atrás a las distintas administraciones de los tres poderes del nuestro Estado Nacional , con el objeto de planificar estrategias que se erijan en verdaderas políticas de estado, a fin de evitar que organizaciones criminales atenten contra las autoridades democráticas y comprometan la gobernabilidad y la paz social.

Desde tiempo atrás, nuestras organizaciones vienen reclamando colocar en agenda nacional la situación por la que atraviesan algunas provincias argentinas en razón del avance de la distribución de drogas en sus territorios.

Visualizamos el flagelo del narcotráfico y el narcomenudeo como un mal desintegrador de la sociedad y corruptor de todos sus estamentos.

Es necesario combatirlo de manera global, mediante la implementación de políticas de estado que sean generales, fuertes y sustentables en el tiempo. Las medidas coyunturales que se adoptan de manera espasmódica, se erigen en soluciones paliativas temporales que sólo retrasan un resultado indefectiblemente negativo.

Es necesario un abordaje integral del conflicto mediante la creación de un sistema inclusivo de lucha que abarque tres aspectos: prevención, asistencia médica - social y punición del fenómeno criminal. Atacar directamente las consecuencias sin actuar sobre las causas no soluciona el problema.

Venimos advirtiendo que la situación que atraviesa hoy Rosario es de máxima gravedad y que puede desembocar en hechos lamentables como los que está viviendo el país hermano de referencia. Las muertes de este último año y las amenazas a fiscales, funcionarios y hasta al propio gobernador constituyen un triste reflejo de lo que exponemos.

Quede claro que este panorama, con diferentes matices, no es patrimonio exclusivo de esta importante ciudad argentina. Lamentablemente estamos percibiendo que, con distintas modalidades, se está extendiendo hacia otros horizontes de nuestro país.

Es necesario e imperioso articular y armonizar los recursos materiales y el capital humano del Estado Nacional y los Estados Provinciales, trabajando

de manera conjunta sin escatimar esfuerzos, y optimizando la tarea de todos los organismos que asumen las investigaciones y el combate de las actividades que desarrollan estas organizaciones narco criminales.

Es propósito de nuestros Ministerios expresar la absoluta disponibilidad para toda convocatoria encaminada a la concreción de estos fines. Creemos que nuestra Nación está a es tiempo de enfrentar esta modalidad delictiva de manera ordenada y conjunta, en pos de sostener nuestro sistema democrático de gobierno, asegurando la paz social y una sana convivencia de todos los argentinos.