La jueza penal Marcela Pérez Bogado ordenó elevar a juicio una causa por cortar la ruta que lleva a Puerto Pirámides y provocar daños en vehículos oficiales.

Jueza Penal Marcela Perez Bogado

La jueza penal Marcela Pérez Bogado consideró que se acreditó, con el grado de probabilidad necesario, que los imputados de cortar la ruta, oponerse al accionar policial y dañar vehículos del Estado son probables autores del hecho que se les atribuye y resolvió elevar la causa para la realización del juicio oral y público. En tal sentido, los imputados son Alejandro Jiménez, Bernardo Bustos, Mario Vizoso, Darío Valenzuela, Jonathan Suárez y Raúl Muñoz, todos ellos representados por el defensor Oscar Romero.

Cabe comentar que Mateo Suárez, secretario gremial de la UOCRA, se encontraba imputado no se presentó a las audiencias correspondientes y no fue llevado a juicio. Los hechos investigados encuadran “prima facie” en el delito previsto por los artículos 194, 184 y 239 del Código Penal que sanciona al que entorpeciere el funcionamiento de los transportes y libre circulación. Es que la intención de dificultar totalmente el tránsito vehicular –cuando no existen vías alternativas- da forma al componente reclamado por la figura del caso que además incluye, obviamente, el riesgo de afectación de la seguridad de una vía de comunicación, al menos como resultado posible; así como también el hecho de oponerse al accionar policial y dañar vehículos del Estado.

De esta forma, a los imputados se los acusa de entorpecer el normal funcionamiento del transporte por tierra impidiendo el avance de vehículos particulares en la ruta 2 y 4, efectuando un corte de ruta; oponerse al accionar policial resistiendo a la autoridad y arrojar piedras y otros elementos, produciendo daños a los móviles policiales. Cabe comentar que Mateo Suárez fue imputado por la justicia, pero no se presentó a las audiencias correspondientes.

Corte de ruta

Sobre el corte de la ruta, al haber perjudicado derechos de terceros, el obrar imputado exorbitó el marco de la protección constitucional para reunirse y peticionar, y esa lesión del bien jurídico tutelado es tema que deberá resolverse en el juicio oral y público. Pues corresponde que en un Estado de derecho los actores sociales adecuen sus conductas al exigible respeto que merece la seguridad de todos y los derechos ajenos, demostrando compromiso con los valores que regulan el bien común en una sociedad democrática.

De esta forma, se indicó que el derecho a reclamar y peticionar a las autoridades (amparados en el Art. 14 Constitución Nacional) y de huelga –previsto en el Art. 14 bis- no prevalece sobre el derecho a transitar o trabajar libremente de las personas perturbadas por la medida (art. 14 CN) y mucho menos respecto al daño de bienes públicos. Finalmente, tras la orden de la jueza penal Pérez Bogado, la oficina judicial deberá fijar la fecha del juicio oral y público.

ANEXO

Hechos que serán debatidos en juicio

El hecho que se llevará a juicio y según indica la acusación ocurrió “el día 12 de noviembre de 2009 en la ruta a Puerto Pirámide, donde se encontraba un grupo numeroso de personas  pertenecientes al sindicado de la UOCRA encabezados por su secretario general Mateo Beningno Suárez, cortando la rutas e impidiendo la libre circulación de los automotores”. Una vez en lugar el personal policial, junto a integrantes de los grupos especiales G.E.O.P. Infantería y División Canes, enviados por la jefatura de policía, constatan la existencia de un grupo de 60 a 70 personas aproximadamente, cortando la ruta provincial N°2, justo en la intersección con la ruta provincial N° 4, encontrándose situados en forma reunida sobre la carpeta asfáltica, juntamente con vehículos particulares.

Sobre el extremo noreste de la ruta, detrás de los manifestantes, más precisamente sobre el carril proveniente de la localidad de Puerto Pirámides, había una aglomeración de vehículos particulares, camiones y colectivos de turismo que son retenidos por este grupo que les prohíbe la libre circulación sobre la Ruta N° 2.

Ante ello, primeramente personal policial se entrevistaron con Mateo Suárez, invitándolos a que abandonen la ruta y se retiren en forma pacifica, pero el dirigente gremial manifestó que continuarían con la medida de corte, y no desistiría de su actitud, alentando al resto de las personas que lo acompañan a que resistan cualquier tipo de medida por parte de la fuerza publica, exigiendo la presencia de Funcionarios del Ministerio de Trabajo para concretar una conciliación sobre el despido de varios empleados de la Construcción; indican las actas policiales.

Posteriormente y ante la negativa de deponer la actitud tanto Suárez como sus acompañantes, miembros de las fuerzas policiales inician una formación avanzando en dirección hacia el tumulto de personas, logrando dispersar a los manifestantes hacia el campo; pero este grupo vuelve a reagruparse, arrojando piedras y otros elementos contundentes hacia el personal uniformado, impactando estas piedras contra los móviles policiales y también contra el personal policial apostado en el lugar.

En esos momentos, la policía interceptó una camioneta Ford Ranger gris que intentaba huir, donde se movilizaba el dirigente gremial Mateo Suárez, quien descendió e intentó oponerse al accionar, pero fue rápidamente reducido. En ese punto, el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar proyectiles y como consecuencia de los incidentes fueron detenidos por la policía.