La mañana del martes se realizó una nueva inspección ocular para constatar el estado en que se encuentran los animales alojados en los caniles municipales. La diligencia procesal buscaba verificar el estado de higiene de los caniles, la cantidad de agua y alimento que poseen los animales, así como el número de perros alojados, ya que no existe un registro formal de mascotas capturadas, sacrificadas o alojadas en la perrera municipal.

Este dato surgió luego que integrantes de la fiscalía mantuvieran reuniones con la jueza del Tribunal de Faltas, Dra. Lilian García Pérez, quien manifestó que no posee información oficial por parte de Veterinaria y Zoonosis sobre la cantidad de perros alojados en la perrera que no han sido reclamados; así como nuevas denuncias recibidas en el Ministerio Público Fiscal que indicarían que se estaría ante la posibilidad de nuevos casos de maltrato.

De la inspección ocular participaron los funcionarios de fiscalía Mauricio Baigorria y Corina Franco, así como personal policial de la división Criminalística. También estuvo presente el director Pablo Rey y una mujer, que colaboró como testigo de actuación y al ver el estado de los animales, terminó adoptando un perrito que se encontraba alojado en la perrera. Según los fiscales que intervinieron en la inspección, se habría podido corroborar que los animales “hacía más de 48 horas que no tomaban agua” y en base a nuevas denuncias y luego de la inspección, se supo que evalúan la posibilidad de ampliar la imputación.

Hay que recordar que el pasado 23 de junio, el juez Gustavo Castro dictó la apertura de investigación por 6 meses a Pablo Rey, director de Veterinaria y Zoonosis, por la presunta comisión del delito de “omisión de deberes de funcionario público en concurso con maltrato y crueldad contra los animales”. La causa judicial surgió a raíz de la denuncia de una joven, quien tras adoptar una perra que habría estado encerrada 72 días en la perrera, aportó a la justicia material documental y fotográfico sobre el estado de los animales, indicando que podrían estar sufriendo graves estados de desnutrición. En tal sentido, la denuncia fue basada en la ley nacional 14.346, incorporada al Código Penal de la Nación, que castiga al que infligiere malos tratos o hiciere victima de actos de crueldad a los animales. Dicho artículo está incorporado dentro de los delitos que caben por “omisión de deberes a su cargo”.

El delito de “omisión de los deberes de funcionario público, en concurso real con la violación a la ley contra crueldad y maltrato a los animales”, está penado por el artículo 249 del Código Penal. En caso de ser encontrado culpable en juicio, prevé una multa de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año para el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.