Tras el pedido de juicio rápido que formuló la Fiscalía de Rawson, la jueza de garantías Karina Breckle resolvió este 31 de agosto llevar a juicio oral y público a Carlos Emanuel Martínez, acusado de romper de una patada la puerta principal del hospital de Rawson. El tribunal unipersonal deberá constituirse dentro de los próximos 15 días para realizar el debate.

Personal de la Comisaría Distrito Rawson trasladaba a Martínez por una contravención cuando, al llegar al Hospital Subzonal Santa Teresita, en Roca y Roberto Jones, pateó la hoja derecha de la puerta de entrada y rompió el vidrio inferior. Según surgió en la audiencia, le dijo al cabo que lo custodiaba "que se maneje".
La Fiscalía de Rawson lo acusó de daño agravado, previsto en el artículo 184 inciso 5° del Código Penal por tratarse de un bien público, delito con pena máxima de cuatro años de prisión. El domingo 23 de agosto, en una audiencia realizada a las 9.00 en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza Breckle confirmó la legalidad de la detención y ordenó abrir la investigación. La procuradora fiscal Silvina Nicholson pidió entonces la prisión preventiva por los antecedentes penales del acusado, pero la magistrada dispuso que Martínez firme semanalmente en la oficina judicial como medida para asegurar el proceso. La defensa quedó a cargo de la abogada Catalina Silva.
En esa misma audiencia se aceptó el pedido de juicio rápido formulado por la fiscalía en los términos del artículo 414 del Código Procesal Penal, que exige una pena no superior a los seis años y flagrancia o sencillez investigativa. Se otorgaron cinco días a la defensa para ofrecer prueba, mientras la fiscalía ya había incorporado la reunida dentro de las primeras 24 horas.
Este 31 de agosto, tras escuchar a las partes, Breckle resolvió elevar la causa a juicio oral y público, que deberá realizarse dentro de los próximos 15 días ante un tribunal unipersonal. La jueza admitió toda la prueba ofrecida por el MPF, incluida la testimonial. En representación de la Fiscalía de Rawson intervinieron los procuradores Jeremías Regueira y Silvina Nicholson, mientras que la defensa continuó a cargo de la abogada Catalina Silva.
La defensa había presentado una propuesta de solución impulsada por la jefa del Departamento de Administración del hospital, junto con un presupuesto para reponer el vidrio. La fiscalía sostuvo que la víctima es el Estado y no una persona particular, por lo que la reparación no fue aceptada y el conflicto no se consideró resuelto. Breckle señaló que la etapa para conciliar ya había pasado y que un acuerdo no puede homologarse sin la conformidad de ambas partes. Martínez enfrenta la acusación como autor del daño agravado.
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