Apertura de investigación por portación de arma de fuego sin autorización

La procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria de fiscalía Tamara Bernardi formularon cargos contra Patricio Daniel Barría (43) como presunto autor del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. En este marco, el juez Alejandro Rosales resolvió hacer lugar a los pedidos de las representantes de la fiscalía y otorgó un plazo de seis meses para que finalicen la investigación.

Al inicio del acto judicial, Bernardi, presentó los hechos que pretende investigar. En este sentido, informó que el martes 28 de mayo a la 01:00, en la calle Alberdi entre Avenida 25 de mayo y calle María López, el personal policial se acercó hasta una camioneta que se encontraba estacionada con luces y motor apagado. En el interior se encontraba un solo ocupante. Los policías procedieron a solicitarle su identificación y documentación del rodado.

En ese contexto, un cabo de la policía, observó en el interior de la camioneta, la culata de un arma de fuego.

En consecuencia, le pidieron que descienda del rodado y le solicitaron la documentación del arma. El imputado manifestó que no tenía los papeles que lo autorizaban a portar el arma de fuego calibre 22 y los cinco cartuchos a bala. Por ello, convocaron al personal de policía científica y a un testigo de actuación para realizar el procedimiento correspondiente.    

Así las cosas, Bernardi, peticionó que se declare legal la detención del sospechoso. También requirió un plazo de seis meses de investigación y que al concluir el acto judicial, el imputado se presente en la oficina de identificaciones del área de criminalísticas.

Con respecto al delito que se le imputa, indicó que la calificación legal provisora escogida contra Patricio Barría es la de presunto autor del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin autorización legal.

A su turno, el abogado Marcelo Catalano, del Ministerio de la Defensa Pública, no ofreció resistencia al pedido de legalidad de la detención. Tampoco se opuso al pedido de apertura de la investigación. A ello agregó que luego de dialogar con sus colegas de la parte acusadora, acordaron remitir el caso a la Oficina de Solución Alternativa de Conflictos.

En este, marco, el magistrado resolvió hacer lugar a los pedidos de la fiscalía y formalizó la investigación penal en orden a los hechos presentados y la calificación legal propuesta por las investigadoras.