La determinación fue confirmada hoy al mediodía por los Jueces revisores Gustavo Castro y Javier Allende ante la situación de quien en la audiencia de control realizada el domingo pasado fue imputado por el Ministerio Público Fiscal debido al delito de tentativa de homicidio, luego de un complejo hecho ocurrido el 1ro de agosto en nuestra ciudad.

La audiencia realizada en sala de la cámara penal ubicada en el sexto piso de los tribunales había comenzado ayer y pasó a un cuarto intermedio para dar continuidad a través de la resolución de los colegiados. En aquel primer día de este mes aproximadamente a las 12,30 se generó un altercado entre en un motociclista repartidor y dos personas, padre e hijo que se encontraban efectuando reparto de leña y carbón. Tras varios intercambios de palabras, aparentemente por un posible incidente de tránsito, se encontraron en la esquina de Edwin Roberts y Moreno, donde prosiguió la disputa que derivó en la acción concreta ya que los ocupantes de la camioneta bajaron y la tomaron con golpes contra el repartidor, que cuando pudo zafar de la violenta refriega tomó de su mochila un cuchillo tipo machete efectuando estocadas que le afectaron un brazo gravemente al mayor de quienes participaban. Así y todo la pelea siguió por algunos instantes hasta que llegó la policía alertada por vecinos.

Luego de ser internado, quien resultó ser víctima y ante los esfuerzos de los médicos, no pudo evitar la pérdida de la mano, corriendo serio peligro la integridad del brazo. Ante esto, se revisó la situación, y los Jueces debieron observar un video donde se ve buena parte de la pelea, una pericia policial y también contaron con el testimonio de quien trató de separar.

En la resolución manifestaron lo difícil de la situación y reafirmaron la decisión de la Jueza María Tolomei que dispuso la apertura de investigación por el delito endilgado mediante la imputación del fiscal general Gustavo Núñez y la funcionaria de Fiscalía Ruth Ortega, tentativa de homicidio con uso de arma blanca, y rechazó la posibilidad de prisión preventiva para imponer medidas sustitutivas consistentes en la firma tres veces por semana en oficina de ejecución y la prohibición de acercamiento. Para los magistrados la determinación de la Jueza es razonable, ya que mediante las evidencias acercadas se puede evaluar en el futuro la posibilidad de una emoción violenta o legítima defensa, lo que deberá ser definido en el transcurso de la investigación.