En una audiencia preliminar realizada hoy en sala de oficina judicial de Trelew, el Ministerio Público Fiscal con la representación de la fiscal general jefa Silvia Pereira y el funcionario Patricio Perayre, solicitó la elevación a juicio de una causa en la que se involucra a una persona que se encuentra con medida de coerción desde el mes de febrero, en un grave hecho de violencia de género.

La acusación que fuera elevada oportunamente por la fiscalía indica que el 9 de febrero de 2025, siendo aproximadamente las 2 en un domicilio de esta ciudad ubicado en un primer piso, el acusado C.E.G. se encontraba con su pareja, con quien no convivía pero mantenía una relación pública y estable desde hacía un año. Tras una discusión y escena de celos por parte del agresor, la mujer intentó llamar un taxi para marcharse pero él le arrebató el teléfono y cerró la puerta con llave impidiendo que ella pudiera salir. Ante la advertencia de la víctima de salir por la ventana, la tomó de los brazos y la empujó sobre la cama restringiendo su movimiento. Después de unos minutos y ante la insistencia por salir, el hombre finalmente le abrió la puerta, pero con el claro propósito de causarle daño y aprovechándose de la relación asimétrica de poder existente, al ver que su pareja intentaba irse, decidió empujarla provocando que cayera por las escaleras.

Luego de todo esto cerró la puerta del domicilio sin preocuparse por el bienestar de la mujer y al notar que pasó el tiempo y no había abandonado el lugar, además que estaba siendo ayudada por su propia hermana, el imputado la arrastró por el patio con la intención de sacarla afuera. Fue en ese instante que llegó el personal policial para impedir que continuara con la agresión, aunque sin perjuicio de ello seguía con insultos y amedrentamiento hacia la víctima diciéndole que si lo dejaba la iba a matar. A raíz de esto, la mujer sufrió numerosas lesiones de las que aún hoy tiene serias secuelas que la mantienen inmovilizada.

La calificación es por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y mediar violencia de género, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad por lo que se solicitaría una pena de siete años de prisión. Además se pidió la mantención de la prisión preventiva y se puso de manifiesto el proceso llevado adelante donde se hicieron siete revisiones y en todas se ratificó la probable autoría, cuestión que se refuerza con los elementos probatorios que existen, y subsistiendo los peligros de fuga y entorpecimiento.

Esto fue valorado por la Jueza Mirta Moreno que decidió la elevación de la causa a juicio oral autorizando las pruebas y la calificación esgrimida y determinó la existencia de los peligros procesales para resolver que C.E.G. deberá permanecer en prisión esperando la realización del debate correspondiente.