En una audiencia realizada en horas de esta mañana, el Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria de fiscalía Claudia Ibáñez, solicitó la prórroga para la investigación por cuatro meses a partir de la fecha, en la causa donde intentan develarse presuntas estafas efectuadas con terrenos destinados a construcción de viviendas, desde el gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

  Cabe recordar que el único imputado hasta el momento es Miguel Crossara, quien resultó denunciado por los perjudicados, como quien ofrecía y hacía entrega de documentación referida a los trámites en tal sentido. Según manifestó la fiscalía, serían 65 los afectados hasta el momento que se presentaron a radicar la denuncia penal, pero este número podría seguir incrementándose, de acuerdo al conocimiento público que se tiene del tema.

   La necesidad de realizar variados trámites  en materia investigativa, además del difícil acceso a la documentación requerida en diferentes organismos, como el propio gremio implicado y los bancos participantes en la tramitación, hacen lento el avance del expediente, que sin embargo, ya consta de cinco cuerpos. Por otra parte, una de las principales argumentaciones expuestas en la solicitud, tiene que ver con la pluralidad de víctimas, esto es el número de personas que resultó afectado por el presunto proceder delictual.

  También se sigue profundizando sobre la participación que habrían tenido otros integrantes del gremio mencionado, lo que fue remarcado por la defensa de Crossara, ejercida en esta oportunidad por Romina Rowlands, quien pidió se tenga en cuenta los datos brindados por su cliente en la audiencia del 21 de febrero, cuando responsabilizó de lo ocurrido al sindicalista Walter Saibene.

  El Ministerio Público Fiscal recalcó que todos los procedimientos previstos se llevan adelante, mientras los querellantes particulares Javier Reuter y Agostina Barone, quienes representan a víctimas de los hechos, acordaron en la solicitud de ampliar los plazos, habiendo ellos también requerido diversas tramitaciones, como por ejemplo la investigación a familiares directos de los imputados, intentado localizar la ruta del dinero mal habido, que superaría los dos millones de pesos.

  El Juez Sergio Piñeda tuvo en cuenta lo argumentado por la fiscalía y las querellas para otorgar los cuatro meses de ampliación en la investigación del caso, instando al Ministerio Público Fiscal a tener en cuenta lo manifestado oportunamente por Crossara, único imputado hasta el momento.