En una audiencia desarrollada esta mañana en sala de oficina judicial, tercer piso de tribunales, las partes acordaron la posibilidad de imponer el instituto de suspensión de juicio a prueba para una persona acusada por tenencia de arma de fuego correspondiente a uso civil, sin la debida autorización y en calidad de autor, de acuerdo a los artículos 189 bis, apartado 2 y 45 del código penal.

  Tanto la defensora Flora Mollard como el fiscal general Arnaldo Maza refirieron que estaban dados los requisitos para proceder en la imposición de este beneficio, evitando un juicio oral, debido a que el imputado no tenía antecedentes penales y la pretensión punitiva alcanzaba a los dos años en suspenso.

  De esta manera, el Juez César Zaratiegui resolvió que la persona traída a proceso cumpla un régimen de 60 horas de trabajos comunitarios durante tres meses, además de la firma en oficina de ejecución cada treinta días por el término de un año, lo que de no cumplirse haría que se rehabilite nuevamente el trámite, mientras que cuando se verifique el cumplimiento de lo dispuesto se podrá disponer el correspondiente sobreseimiento.