El procurador general Jorge Miquelarena y el fiscal general Fernando Rivarola coincidieron en la necesidad de prevenir a la población respecto de la forma de operar de falsos inversores financieros. Lo hicieron en una conferencia de prensa en la que brindaron detalles de la investigación iniciada por una denuncia efectuada en Puerto Madryn y que continuó con una veintena de allanamientos realizados en los últimos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación que demandó cuatro meses de intenso trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital y que tiene como víctimas a más de un centenar de personas que confiaron en depositar sus ahorros en falsas plataformas de inversión, hizo que una comisión de investigadores de esa Unidad Fiscal se constituyeron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar los allanamientos y el secuestro de millonarias sumas de dinero, soportes digitales, teléfonos celulares y hasta un vehículo.
El procurador Miquelarena felicitó al equipo que investigó el caso y agradeció a los diputados provinciales por la aprobaron meses atrás de una Ley que permite contar con las herramientas legales para combatir desde el Estado ese tipo de delito, muchas de las cuales fueron usadas en el caso.
"Cuando el ofrecimiento de ganancia supera los niveles de ganancia financiera actuales, hay que desconfiar", afirmó Rivarola a manera de dar una recomendación a la población. Dijo que el centro de operaciones de las maniobras investigadas, está en CABA, para luego dar detalles de la complejidad del engaño. Lo identificó como "rulo financiero", donde las primeras inversiones dan importantes ganancias a las víctimas. Tentados por los dividendos altamente positivos, realizan otras inversiones aún más importantes que las anteriores y a esta altura de las maniobras, los estafadores no dan señales de vida.
Rivarola afirmo que “ya conocíamos la existencia de plataformas que ofrecían falsas inversiones” para luego identificar a las cuatro empresas investigadas para que la población esté prevenida. "Al momento de la creación de las empresas, tenían muchos aspectos legales, por lo que parecían creíbles", indicó. Agregó que se trata de empresas mulas, creadas legalmente, aunque con el objetivo de hacer millonarias ganancias mediante estas estafas.
Respecto de la víctima que permitió el inicio de la investigación, prefirió no dar su nombre aunque expresó que “es una mujer de clase media trabajadora que nos dijo: no solo me sacaron mis ahorros de toda la vida, sino también la herencia de mis padres y el futuro de mis hijos”.
El jefe de esa unidad fiscal mencionó a quienes lo acompañaron en la investigación, la lic en Criminalística, Anneris Pamela Morales, Juan Uad, abogado especializado en criptomonedas, y el comisario Kevin De Cicco del área ciberdelitos de la Policía del Chubut.
Los megaoperativos realizados de manera simultánea en Capital Federal y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, permitió el secuestro de 100.000 dólares, celulares, discos rígidos, documentación en general, un vehículo y varias notebooks.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por una damnificada de Puerto Madryn, quien invirtió en una supuesta plataforma financiera. En el primer período recibió aparentes ganancias, pero al intentar retirar el capital, el dinero nunca le fue devuelto.
La banda ofrecía participar en supuestas inversiones en acciones de empresas y sociedades falsas aunque con origen legal para luego, a través de una aplicación apócrifa que simulaba importante rentabilidad en favor de los inversores.
El procedimiento incluyó más de 20 allanamientos, una detención y el secuestro de dinero en efectivo, criptoactivos y dispositivos electrónicos. La investigación permitió identificar a una organización que operaba bajo una fachada académica para captar inversores mediante supuestas operaciones financieras.