La jueza de garantías Eve Ponce abrió la investigación en contra de ocho personas que se encuentra detenidas en centros carcelarios de la zona, además de 20 familiares o allegados de ellos, todos presuntos integrantes de una asociación ilícita que se dedicaba a extorsionar personas de distintos lugares de la argentina mediante la modalidad de “sextorsión”. El epicentro del ilícito fue el Instituto Penitenciario Provincial, que se encuentra localizado entre las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.

Una de las víctimas con domicilio en Comodoro Rivadavia fue extorsionada durante 14 meses por una suma total de 5.832.000 pesos. Según el fiscal general Fernando Rivarola en el transcurso de la investigación “podrían surgir más víctimas”.

La investigación a llevar adelante fue considerada “compleja” por la gran cantidad de datos e información que hay que cotejar durante el proceso ahora abierto. En la audiencia de apertura de investigación, vía zoom desde los distintos lugares donde se encuentran detenidos, Julián Acosta, Luis Ojeda, Gustavo Méndez, Alejandro Romero, Orlando Hadzaman, Luis Almonacid, Enzo Romero, se interiorizaron de los hechos por los cuales comenzaron a ser investigados.

Por el delito de “sextorsión”, nueve personas fueron extorsionadas, entre ellas, un adolescente de Rawson que en el caso fue representado por su madre. Además, algunos de los imputados habrían participado en dos estafas con la venta de una casilla rodante y una bicicleta.

Las etapas de la extorsión

El ardid para concretar la “sextorsión” consistía en la creación de falsos perfiles a través de Facebook o WhatsApp, en general de jovencitas que seducían a las víctimas denunciantes -todos hombres- mediante él envió de fotografías sugerentes. Los hechos se produjeron en fecha anterior al 23 de octubre del 2023.

Para la Fiscalía Especializada en Cibercrimen, Luis Alberto Ojeda, Alejandro Romero Curiqueo y Enzo Romero, serían los cabecillas, jefes u organizadores de la asociación ilícita investigada.

El objetivo del proceso de seducción era el de lograr fotos o filmaciones de las víctimas con contenido sexual. Una vez logrado el cometido, se iniciaba el proceso de extorsión bajo el ardid de que la “jovencita” había sido “descubierta” por sus padres, mantenido una discusión y como consecuencia de ello una caída de una escalera que le produjo serias lesiones. A partir de allí se iniciaba la extorsión mediante el pedido de ayuda económica por gastos de salud.

Luego continuaba la extorsión solicitando sumas de dinero importantes a cambio de no “escrachar” o publicar por las redes sociales las fotos íntimas que habían enviado las propias víctimas. En una segunda etapa, los presionaban con un supuesto inicio de causas penales en su contra. Para ello utilizaron documentación falsa de operadores judiciales de la zona (notificaciones con membretes de las fiscalías, sellos y firmas de fiscales, jueces y empleados administrativos de la Justicia Penal de la zona y de Comodoro Rivadavia). También mediante mensajes de audio o llamadas telefónicas en las que, también haciéndose pasar por esos mismos operadores judiciales, tenían el mismo objetivo de obtener transferencias de importantes sumas de dinero.

Si bien las maniobras se iniciaban y coordinaban desde los centros de detención, para la obtención del dinero, se creaban cuentas bancarias o billeteras virtuales. Es en esta etapa donde familiares o allegados de los detenidos comenzaban a tener participación en los ilícitos.

Víctimas de distintos lugares de la Argentina

Los damnificados son de Comodoro Rivadavia, Rawson, Bahía Blanca, dos de la provincia de Formosa, de la localidad de Colonia Tirolesa, en Córdoba, de Esquel, Conesa en Río Negro y la ciudad de Córdoba.

También se investigan dos estafas con la venta de una casilla rodante valuada en 2.700 dólares y una bicicleta. El detenido Luis Alberto Ojeda es el que habría encabezado esta maniobra. Respecto de la casilla rodante engañaron a un vecino de Córdoba al que le hicieron depositar 240.000 pesos en carácter de seña para la venta, gastos de gestoría y traslado de la unidad. Investigada la maniobra se supo que 13 personas sospecharon de la maniobra. “Ninguna de estas personas accedió a realizar transferencias del dinero por seña al requerir previamente ver la casilla en forma personal o por persona allegada, por desconfiar de los datos aportados por los autores, o por haber sido advertidos de la maniobra por este Ministerio Público Fiscal”, expresó el fiscal general Rivarola al describir los hechos por los cuales solicitó la apertura de investigación.

Respecto de la bicicleta, una potencial víctima fue advertida por los investigadores de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen. Para el ilícito, el imputado utilizó fotografías de la bicicleta en venta, además de documentación falsa de la empresa OCA.

Compleja investigación

Rivarola y los defensores coincidieron en que la investigación es compleja. “Queda evidenciada en la modalidad de las maniobras extorsivas y de estafa (importante cantidad de hechos similares con idéntica modalidad), el tiempo en que se produjeron las acciones (varios meses) la cantidad de datos a analizar producidos por las plataformas utilizadas (redes sociales, mensajería WSP, telefonía celular, sistema financiero de cuentas bancarias y billeteras virtuales), la existencia de una organización con división de tareas entre varios internos alojados en la misma unidad, y otras personas que colaboran desde el exterior, elaboración de estructura digital a los fines ilegales y la posible existencia de otras u otras víctimas”.

Sumó a la argumentación “la cantidad de dispositivos secuestrados que deberán ser peritados, conforme la disponibilidad del único laboratorio idóneo en la provincia y el tiempo que demandará necesariamente tanto la extracción de los datos como el análisis posterior. Además del volumen de los datos a analizar tanto provenientes de empresas telefónicas, redes sociales, sistema financiero nacional y resultado de actividad pericial, de lo que puede inferirse surgirán importante cantidad de hechos similares, que determinarán la necesidad de contactar víctimas, preservar evidencia digital, ampliar pedidos, ampliar imputaciones estableciendo la identidad y modo de accionar de otros partícipes”.           

Rivarola indicó que de la evaluación y recepción de más datos, existe la posibilidad que “surjan más víctimas”.

Internet y territorialidad

Los defensores particulares Carlos del Marmol y Abdo Manyauik coincidieron con el defensor Miguel Moyano en que el proceso penal en esta causa, debió realizarse en otra Oficina Judicial, teniendo en cuenta en general la residencia física de la mayoría de los imputados, la ciudad de Trelew.

Plantearon la incompetencia de la jueza de garantías de Rawson, Eve Ponce. Rivarola se opuso basándose en la postura de la Corte Suprema de Justicia en donde se indica que los delitos en los que se utiliza la Internet “no tienen territorialidad” y que las víctimas son de distintos lugares del país. Destacó que el inicio de la investigación fue a partir de una denuncia que realizó la madre del adolescente de Rawson, además de un fallo de la jueza Karina Breckle en dónde también defensores realizaron un planteo similar.

El defensor oficial Omar López solicitó cinco días más de plazo para delinear su estrategia de defensa de algunos de los imputados familiares de los detenidos. La misma decisión se tomó respecto de otra persona sospechada que será llevada a esa audiencia por la fuerza pública.

Los defensores en general no se opusieron a la apertura de investigación, aunque realizaron algunas objeciones procesales que no incidieron en la resolución de la jueza Ponce de abrir el proceso penal.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.