La fiscal María Bottini y la Defensora Pública Valeria Ponce alegaron al Tribunal ofreciendo cada una, su interpretación de la prueba. Bottini apuntó a la responsabilidad del imputado en la realización material del crimen y en demostrar el agravante de género que lo convierte en uno de los delitos más graves previstos por el Código Penal de la Nación. Ponce procuró licuar la responsabilidad de su defendido y rechazar la vinculación del crimen con la condición de mujer de la víctima.
La fiscal...