En lo que va del año, la Fiscalía de Lago Puelo ha logrado varias condenas a través de juicios abreviados, un mecanismo que permite a las partes llegar a un acuerdo para acortar los procesos judiciales. La mayoría de estas sentencias impusieron penas de prisión efectiva, mientras que una de ellas culminó con una suspensión de juicio a prueba.

Penas de prisión efectiva

Entre los casos resueltos, destacan varias condenas que resultaron en prisión de cumplimiento efectivo. Este tipo de pena implica que el condenado debe cumplir su sentencia en un establecimiento penitenciario.

• Jonathan Carrasco fue condenado a un año de prisión por el delito de amenazas simples contra dos damnificados.
• Franco Gabriel Leguiza Fernández recibió una pena de cuatro años de prisión por una serie de delitos, incluyendo lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, amenazas simples, violación de domicilio y atentado a la autoridad.
• Nicolás Garibaldi fue sentenciado a cinco años de prisión por múltiples delitos en contexto de violencia de género, entre ellos lesiones leves agravadas por el vínculo, abuso sexual simple y privación ilegítima de la libertad.
• Félix Omar Zúñiga fue condenado a un año de prisión por los delitos de lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas.

Pena condicional y suspensión de juicio a prueba

Además de las condenas efectivas, la Fiscalía resolvió otros casos con penas alternativas.

• Leo Matil Calfullanca fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional como coautor de robo agravado y hurto simple, entre otros delitos. Como parte de la sentencia, deberá cumplir con una serie de reglas de conducta durante tres años, como fijar residencia, no cometer nuevos delitos y abstenerse de abusar del alcohol. También se le impuso la obligación de presentarse trimestralmente ante el Juzgado de Paz y solicitar su admisión en una escuela para adultos.
• En un caso de lesiones graves culposas por conducción negligente, se dictó la suspensión del juicio a prueba a un ciudadano de Trelew. La resolución, con una duración de tres años, establece varias reglas de conducta para el imputado, incluyendo la prohibición de conducir cualquier vehículo motorizado y la obligación de realizar un resarcimiento económico a las víctimas por un valor de 5 millones de pesos.