En la Legislatura Provincial, este martes,  se llevó a cabo la apertura de la reunión para el tratamiento de la ley de ciberdelitos, cuyo proyecto fue trabajado en conjunto por el Ministerio Público Fiscal del Chubut y el Poder Ejecutivo Provincial. Representando al MPF estuvieron presentes el Procurador General, Jorge Miquelarena junto a los Procuradores Adjuntos, Marcos Fink y Matías Froment, los fiscales generales especializados en Cibercrimen, Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez, y el Fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazabal. La iniciativa busca regular de forma clara y moderna el tratamiento de la evidencia digital en las investigaciones penales, adaptando el marco legal a los cambios que impone la vida digital.

Por su parte, el Procurador General indico que “hoy las pruebas no solo se encuentran en armas o rastros físicos, sino también en dispositivos, servidores, redes sociales y sistemas informáticos. La ausencia de una normativa específica deja un vacío legal que afecta el trabajo de fiscales, jueces, defensores y la protección de las víctimas".

El proyecto propuso, fortalecer el Estado de derecho sin vulnerar garantías constitucionales, dotar al sistema penal de herramientas modernas —acceso remoto, vigilancia electrónica y agentes encubiertos digitales— con límites y controles judiciales y evitar la impunidad, asegurando que las pruebas digitales no se anulen por falta de sustento legal.

La normativa busca reforzar la protección de víctimas de delitos graves como abuso sexual infantil, trata de personas y estafas digitales, manteniendo la intervención judicial, la proporcionalidad y la transparencia procesal. Se presenta como una herramienta para que la tecnología sirva a la verdad y la justicia, e insta a continuar con reformas procesales que respondan a los desafíos actuales.

En este sentido, el Ministerio Público Fiscal remarcó que el actual Código Procesal Penal, vigente desde 2006, no contempla reglas claras para la obtención, preservación, valoración y presentación de evidencia digital, lo que genera problemas probatorios y legales. El proyecto busca saldar ese déficit y dotar al sistema de un marco normativo actualizado que regule el presente y se proyecte hacia el futuro.