El Ministerio Público Fiscal a través del funcionario de fiscalía Mauro Quinteros solicitó en una audiencia realizada esta mañana la apertura de investigación en una causa donde se imputa a una persona por graves hechos de abuso sexual en perjuicio de su nieta, con hechos ocurridos desde el año 2011 hasta aproximadamente septiembre de 2019.
De acuerdo a lo relatado por el doctor Quinteros se investigará lo ocurrido desde el año mencionado, cuando la menor contaba con cinco años de edad y el hombre sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de socavar la integridad sexual de la niña, aprovechaba los momentos en que no se encontraba presente la madre y la confianza que le otorgaba ser el abuelo de la víctima, para someterla sexualmente, lo que se fue reiterando en forma constante a lo largo de los años, hasta que ocurrió un último hecho en septiembre de 2019, en el domicilio del imputado en Trelew.
Se dispone desde fiscalía la apertura de investigación penal calificando lo sucedido como abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido por ascendiente, de conformidad al artículo 119 segundo párrafo y cuarto párrafo inciso b del código penal, bajo la modalidad de delito continuado. A cargo de la investigación estará el fiscal general Gustavo Núñez acompañado por el propio funcionario de fiscalía.
A su vez pidió la prisión preventiva por el término de dos meses, estimando que en ese lapso podría elevarse la acusación respectiva, argumentando sobre el peligro de fuga, debido a la gravedad del hecho y la expectativa de pena que va de ocho a veinte años de prisión. Posteriormente, el defensor Javier Allende se opuso tanto a la calificación como al pedido de medida de coerción, y puso de manifiesto que su defendido está en libertad bajo proceso acatando los llamados de la justicia, inclusive luego que se hubiera realizado la diligencia de la cámara gessel en noviembre de 2021.
Después de escuchar las partes, inclusive la participación del asesor de menores Pablo Rey, la Jueza Mirta Moreno comunicó que quedaba determinada la apertura de investigación según la calificación esgrimida por el Ministerio Público Fiscal, mientras que no dio lugar a la medida solicitada por la fiscalía, estimando que el tiempo transcurrido con diferentes procedimientos para colectar evidencias, el imputado ha estado en libertad y no varían las condiciones, por lo que impuso la prohibición de acercamiento que ya estaba vigente.
