En una audiencia de control de detención llevada adelante esta mañana en sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de tribunales, el Ministerio Público Fiscal a través de la fiscal general jefa Silvia Pereira, imputó a una persona por un hecho ocurrido el día 17 de febrero cerca de las 13, cuando con una prohibición de acercamiento vigente desde el 2 de enero de este año y por el término de sesenta días, acudió a la casa de su ex pareja.

Ya en el lugar, y aprovechando que la víctima se encontraba limpiando con puertas abiertas accedió a la vivienda y la agredió violentamente portando además un cuchillo que extrajo entre sus pertenencias, provocando que la mujer tomara a sus hijas y saliera a la calle pidiendo ayuda. Al momento de arribar efectivos policiales, el hombre se encontraba trepando un paredón para escapar pero fue detenido.

La calificación impuesta es la de desobediencia en concurso real con lesiones leves agravadas por haber mediado una relación de pareja y de violencia de género y amenazas con arma de fuego también en concurso real. La doctora Pereira enumeró una serie de antecedentes con causas en trámite, una sentencia condenatoria y dictado de rebeldía para argumentar sobre los riesgos procesales y solicitar la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar.

Destacó que la sentencia data del 30 de noviembre de 2016, contando con una resolución de exclusión del 6 de septiembre de 2021, con posteriores denuncias violando prohibición de acercamiento, tanto es así que debió colocarse una tobillera, la cuál se quitó sin autorización, retornando a los hechos de violencia contra su pareja. Por otra parte, en otra causa, el 2 de enero de este año se le impuso la firma en oficina de ejecución una vez por semana, situación que no cumplió en ningún momento.

Estos antecedentes, las características del hecho y la expectativa de pena, que de comprobarse la culpabilidad será de ejecución efectiva, llevaron a la Jueza María Tolomei a resolver la apertura de investigación, además de determinar dos meses de prisión preventiva, previendo la revisión de su situación de acuerdo a la colección de elementos probatorios durante el proceso para el imputado que fue defendido por Romina Rowlands.