Eran las 2 de la madrugada de hoy, cuando la jueza Ivana Gonzáles terminó de dar a conocer su resolución, tras una maratónica jornada que dió comienzo a las 8,25 de ayer en la sala de audiencias de la cámara del crimen, sexto piso de los tribunales en Trelew.

  En su transcurso, el Ministerio Público Fiscal presentó los hechos que se endilgan a 22 personas que habían sido detenidas en mas de treinta allanamientos realizados el pasado martes 13, en diversos sectores de la ciudad. En los procedimientos se logró el secuestro de numerosos elementos, exhibidos durante una conferencia de prensa efectuada esa misma tarde, donde se dieron detalles del operativo y la forma en que actuaban los imputados, luego de tres meses de un seguimiento que permitió conocer el modus operandi de los mismos.

  Todo esto fue expuesto en la audiencia de control, particularizando la participación de cada uno de los detenidos, por la Fiscal General Jefe Mirta Moreno, el Fiscal General César Zaratiegui y los funcionarios de fiscalía Claudia Ibáñez y Lucas Koltsch. La calificación jurídica esgrimida fue la de asociación ilícita en concurso real con robo, hurto, robo agravado en poblado y en banda y extorsión, dándose detalles sobre las tareas realizadas por cada uno y la imputación que les correspondía.

  Luego de la exposición fiscal, encabezada por la doctora Moreno, la defensa pidió un tiempo para hacerse de los elementos de posible prueba, así ejercer una mejor defensa, pasándose a un cuarto intermedio hasta las 17. Fundamentalmente, los defensores evaluarían las escuchas telefónicas, intentando individualizar el grado de protagonismo asumido por sus respectivos clientes.

  Así, una vez reanudada, la audiencia se extendió hasta las 2 de la madrugada, debatiendo las partes sobre diversos aspectos, además de poder escucharse por espacio de dos horas aproximadamente las comunicaciones obtenidas durante las investigaciones llevadas adelante. En las mismas, los imputados planificaban los robos, buscaban los clientes a quienes ofrecían los elementos sustraídos, extorsionaban a una persona para la obtención de dinero, señalaban un vehículo que transportaba una importante suma de dinero y hasta fijaban la forma de matar a uno de los presuntos participantes, en un claro ajuste de cuentas.

  La Fiscalía señaló que las conversaciones escuchadas, significaban una mínima muestra de lo que consta en 900 cd grabados con mas de ciento sesenta y tres mil comunicaciones entabladas por los distintos implicados.

  La Jueza, Ivana González, luego de rechazar un pedido de nulidad de las detenciones efectuadas el día 13, solicitado por la defensa que entendía el vencimiento del plazo de 48 horas fijado por el Código Procesal para la realización de la audiencia de control, evaluó los riesgos procesales, y en tal sentido expresó que existían los peligros de fuga y entorpecimiento, pero dividió la situación de los detenidos, teniendo en cuenta la probable actuación de cada persona y sus antecedentes.

Las medidas

  De esta forma, y tal lo había solicitado el Ministerio Público Fiscal, acordó fijar dos días para la firma en la oficina de ejecución a Gisella Magalí Saavedra y Zulma Sandra Necul, una embarazada y otra con un bebé, y de la misma manera las mismas medidas fueron impuestas para Mauro López, Cristian León y Alejandro Coccia, considerándose que la participación podría haber sido secundaria como miembros de la asociación.

  Por otro lado también otorgó la libertad con obligación de firma y prohibición de acercamiento a Mauro Alejandro Gómez, Luis Eduardo Millanao y Ernesto Saavedra, a quienes se les endilga solo el delito de asociación ilícita, no tienen antecedentes y argumentando la igualdad ante la ley, de acuerdo a lo determinado con los anteriores.

  Sin embargo, la misma medida fue decretada por la jueza para César Dante Paredes, Gustavo Espinoza, Carmelo Militello y Miguel Angel Belmar, a partir de una participación estimada en una menor cantidad de hechos, diferenciando así con la medida adoptada con el resto de los detenidos.

  Finalmente, resolvió la prisión preventiva para Ricardo Omar Gómez, Aníbal Cristian Alves, Diego Huenelaf, Mauro Cornejo, Omar Alejandro Segundo, Carlos Sebastián Acuña, César Matías Santucho, Cristian Daniel Segundo, Mario Daniel Pugh y Carlos Andrés Rolin, señalando los antecedentes y el importante rol que habría cumplido cada uno de ellos.

Siete días

  La magistrada dió solo siete días para la medida de coerción, cuando el Ministerio Público Fiscal había solicitado seis meses de prisión, tal el tiempo legal que llevan las investigaciones. Entendió la doctora González que lo pedido por la fiscalía era excesivo, y consideró que lo estipulado era lo necesario para que la defensa se interiorice aún mas de la situación y los acusadores puedan reafirmar las imputaciones llevadas adelante.

Riesgos procesales

  El doctor César Zaratiegui quien justificó los pedidos fiscales,  enfatizó en el artículo 221, inciso segundo, sobre las características del hecho y la pena que se espera de efectivo cumplimiento, y sobre la importancia del daño resarcible, que económicamente alcanzaría a unos 3.500.000 pesos, mas allá del daño humano ocasionado a las víctimas, contabilizadas en unas treinta familias.

  También referenció sobre el artículo 222, inciso 1ro., teniendo en cuenta que se intentó destruir, modificar, ocultar o sustituir pruebas. Remarcó que el bien jurídico afectado es el orden o la tranquilidad pública, aludiendo a citas y antecedentes que reafirman tal concepto, constituyendo esto una asociación ilícita y no una banda.

Asociación Ilícita

  La jueza González sí estuvo de acuerdo con la fiscalía en la calificación: asociación ilícita en concurso real con otros delitos, procediendo a la apertura de investigación al existir la probabilidad de autoría, para con los 22 imputados, pero no haciendo lugar al pedido de caso complejo, previsto en el artículo 357 del Código Procesal Penal.

  La extensión de la audiencia se debió a los amplios debates que las diferentes posiciones llevaron a sostener, con algunos cuartos intermedios que llevaron la audiencia a su finalización en las primeras horas del día de hoy. Estos debates y la profundización de los temas, se renovarán seguramente dentro de siete días, cuando se revise la situación de los imputados, principalmente de los detenidos.

  Los defensores son Abdón Manyauik, de Gisella Saavedra, César Paredes, Sandra Necul, Mario Pugh y Alejandro Coccia; la defensa pública con María Angélica Gómez Lozano, Lisandro Benítez y Marcos Nápoli representan los intereses de Ricardo Gómez, Aníbal Alves, Mauro Cornejo, Alejandro Segundo, Carlos Acuña, César Santucho, Cristian Segundo, Gustavo Espinoza, Ernesto Saavedra, Carmelo Militello, Mauro Gómez, Carlos Rolin y Miguel Belmar. En tanto, Gastón Bordier asumió la defensa de Mauro López y el abogado Alejandro Moya la de Cristian León.