El Ministerio Público Fiscal, representado en la oportunidad por la funcionaria de fiscalía Mónica Carlassare requirió la presentación de documentación fehaciente y adecuada, ante la pretensión de la defensa y asesoría de menores para que J.S. sea trasladado a un centro de rehabilitación que estaría situado en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El menor esta imputado por hurto calificado de vehículo en la vía pública en concurso real con homicidio culposo debido a la conducción imprudente y antirreglamentaria de automóvil, tras haber robado una camioneta y producido un accidente sobre ruta 7 el día 30 de diciembre, causando la muerte de Gustavo López, ocurrida el 15 de enero pasado.
Sucede que la representante de la asesoría, Fernanda Baskov, expuso sobre el abordaje que se realizaría a la problemática de adicciones del joven, al indicar la posibilidad de traslado hacia un centro, para lo cuál se había reservado pasaje y lo haría acompañado por su padre. También informó que todo esto estaba coordinado por el programa preventivo de salud, solicitando el Ministerio Público Fiscal el informe de las características del lugar y otros detalles, recibiendo como respuesta que no se contaba con documentación al respecto, deslindando la responsabilidad en el área de salud que asumiría el abordaje del tratamiento.
La doctora Carlassare fue muy clara durante la audiencia correspondiente al afirmar que la fiscalía no se oponía al tratamiento, pero necesita la seguridad en cuanto al lugar y el plan respectivo, considerando además que era fundamental saber si la presunta institución tiene la vacante dispuesta, además de la autorización para que el menor asista. Reafirmó que se va a consentir la internación en caso que la misma sea informada debidamente, y señaló que también debía prevenirse la posibilidad de mantenerse una custodia policial, tanto en el traslado como en su posible estadía en San Nicolás.
Lo cierto es que durante la audiencia que prosiguió luego de un extenso cuarto intermedio, no pudo acreditarse la información respectiva, resolviendo la Jueza Ana Laura Servent convocar a las partes para el próximo 2 de febrero. Cabe destacar que durante este evento, presentaron el poder respectivo como querellantes en representación de la familia López, los abogados Zulma y Abdón Manllauix, quienes hicieron saber que la imputación esgrimida por ellos es la de homicidio simple, a diferencia del Ministerio Público Fiscal.
Si bien la defensora Flora Mollard manifestó su desacuerdo con esta calificación, la querella quedó constituida como tal, procediendo la doctora Servent a incorporarla como una de las partes participantes del proceso.
