Con un intenso trabajo que en forma muy reservada llevaron adelante desde el Ministerio Público Fiscal la fiscal general Julieta Gamarra acompañada por el abogado de fiscalía Joaquín González y el equipo administrativo en conjunto con la División policial de Investigaciones (DPI) estando al frente el comisario Edgardo Julián, desde hora temprana se efectuaron diversos procedimientos, entre ellos allanamientos tendientes a dar con los elementos que permitan la apertura de la causa respectiva en el caso de certificados apócrifos en relación con licencias de conducir.

De acuerdo a declaraciones efectuadas por la fiscal general todo se inició a partir de una denuncia que presentó el intendente de Gaiman Darío James ya que según manifestó constataron que llegaban certificados firmados por una psicóloga que ya no prestaba funciones con su matrícula dada de baja. Fue ella misma quien aseguró que había prestado funciones en el centro médico Gaiman para el doctor Diego Soto Payva, pero desde abril de 2023 no se encontraba más allí.

Así, se pudo detectar que todos los certificados estaban firmados por este doctor, siendo que es un formulario único admitido por la agencia de seguridad vial. En este aspecto, Soto Payva sabiendo que era falso el certificado de la psicóloga, firmaba indicando que la persona era apta desde lo psíquico, visual y auditivo. Así, todos los certificados falsos que llegaban a la Municipalidad de Gaiman eran provenientes del centro médico Gaiman y la firma del formulario final del solicitante efectuada por el médico involucrado.

Si bien los detalles serán profundizados mañana durante la audiencia de apertura de investigación y control de detención que se realizará mañana sábado a las 15, 30, la doctora Gamarra señaló que este mismo médico tiene más centros en otras localidades que emiten certificados para las licencias, dos en Trelew y uno en Dolavon, por lo que se deduce que este modus operandi era común en todas las ciudades. Hasta ahora se han corroborado 41 licencias con el certificado emitido de esta manera, ofreciendo en su confección un combo más barato de lo que se cobra en otros centros indicando que de ahí se llevaban todo listo para obtener la respectiva licencia.

Es lógico que el municipio ahora suspenda validez de licencias, pero recalcó que aquellos damnificados son los testigos necesarios y es imposible que sean imputados, ya que en esa situación solo está el médico por falsificar documentos públicos. En ese sentido aseveró que se realizarán diversas pericias para determinar quien confeccionaba esos certificados, ya que podría ser el mismo o alguna persona dependiente de él.

Si bien el mínimo de la pena es de ejecución condicional aseguró que si se obtienen las pruebas necesarias la pena será mayor, ya que tiene un máximo de cincuenta años y dada la magnitud del delito reiterado en muchas oportunidades, teniendo en cuenta la gravedad del mismo la pena podría ser de efectivo cumplimiento.

Por otra parte, y de acuerdo al daño causado, es importante que quienes se sientan perjudicados por este tipo de maniobras se acerquen para prestar testimonio, dado que justamente son los más afectados por esta situación.