Cerca de las 10 de esta mañana dió comienzo la audiencia de revisión en el sexto piso de los tribunales, extendiéndose hasta las 22, donde se evaluó la situación de los detenidos, imputados de asociación ilícita en concurso real con robo, robo agravado, hurto y otros hechos, quienes permanecían con prisión preventiva desde hace tres meses.

  La jueza Ivana González había decidido el pasado viernes a última hora de la tarde, la reprogramación de esta audiencia, que debió efectuarse ese día a la mañana, pero su inicio se fue dilatando en demasía, generando la queja y el pedido de suspensión desde las distintas partes, inclusive los imputados.

  En la sala de la Cámara Penal, estuvieron presentes los representantes del Ministerio Público Fiscal, encabezados por la fiscal general jefe Mirta Moreno, acompañada por el fiscal general César Zaratiegui y el funcionario de fiscalía Lucas Koltscht. En tanto, por la defensa acudieron abogados del ministerio público y particulares: Maria Angélica Gómez Lozano, Carolina Marín, Carlos Pericich y Marcos Nápoli, ejerciendo la defensa de Carlos Rolín, Sebastián Acuña, Ricardo Gómez, Cristian Alves y Carlos Saez; José Orlando Romero, representante legal de Mauro Cornejo; Guillermo Hervida por César Santucho y Romano Cominetti, defendiendo a Mario Pugh, Cristian Segundo y Omar Segundo.

  Cabe destacar que la jueza Ivana González informó haber recibido una nota de la doctora Balcaza, defensora de Diego "poca pila" Huenelaf, por la que solicitó el traslado de su cliente para ser atendido medicamente, aclarando que se realizaría una audiencia relacionada con su situación, a sabiendas que es uno de los detenidos, involucrado como integrante de la banda.

 En el comienzo, la fiscalía a través de la doctora Moreno, anticipó el pedido de mantención de la prisión preventiva para los imputados, teniendo en cuenta los elementos colectados durante la investigación que se lleva adelante, reiterando la división de roles, los medios y sitios seguros utilizados para ocultar los bienes mal habidos, la participación de reducidores y compradores, y la importancia de las escuchas.

  Justamente a partir del relato de varias comunicaciones entre algunos de los imputados, se expuso la vinculación entre los involucrados, además de las tareas de vigilancia y coordinación para asaltos a turistas y contra la propiedad privada.

  Posteriormente, el funcionario de fiscalía Lucas Koltsch dió cuenta de once nuevos hechos, donde habrían participado Mauro Cornejo, Mario Pugh, Carlos Sebastián Acuña, Cristian Alves, Ricardo Gómez, Carlos Damián Saez y Omar Segundo. A medida que se daban a conocer, la doctora Moreno detallaba las escuchas que tendrían vinculación con cada uno de los episodios relatados.

  El fiscal general César Zaratiegui fue quien fundamentó acerca de los riesgos procesales, reafirmando la imputación por asociación ilícita y trayendo a colación conceptos vertidos por la propia jueza González en la audiencia de control respectiva, al estimar que aquellos considerandos se mantienen y reafirman con la presentación de nuevos hechos, fundamentalmente hallándose aún en riesgo el orden público, y latentes los peligros de fuga y entorpecimiento, al confirmarse la probabilidad de autoría. En conclusión, el Ministerio Público Fiscal, pidió la mantención de la medida de coerción por otros tres meses.

  Luego de ésto, los defensores solicitaron un cuarto intermedio para analizar la ampliación y aperturas pedidas por la fiscalía, pero al regresar al recinto hubo pedido de la mayoría de ellos para suspender el tratamiento de la ampliación de apertura de la investigación, aduciendo la sumatoria de causas para la mayoría de sus clientes, y esgrimiendo que se encontraba afectado el derecho a defensa, al no haber tenido con tiempo el escrito donde se los imputa por nuevos hechos.

  Esto valió una discusión, e inclusive hubo uno de ellos, Romano Cominetti, que dijo disentir con sus colegas, pidiendo el tratamiento en la misma audiencia, tanto de la revisación de la prisión, como la ampliación de apertura cuestionada por los demás.

  La jueza entendió que debía respetar el derecho a contar con una defensa material y técnica, aún a pesar del pedido de revocar tal resolución por parte del Ministerio Público Fiscal, que a través del doctor Zaratiegui hizo saber que la ampliación había sido presentada el jueves a las 15,50, habiendo existido el tiempo suficiente para la notificación de las defensas. Profundizó sobre la necesidad de concentración y celeridad en el tratamiento de las diversas causas, fijada en el artículo 3 del Código Procesal Penal, como también el artículo 274 del mismo Código, que permite la incorporación de nuevos hechos.

  A pesar de todo, la magistrada rechazó la revocatoria solicitada, indicando que se difería el tratamiento de la ampliación de apertura por 72 horas, continuándose entónces con la revisión de la medida de coerción para los presuntos integrantes de asociación ilícita.

  Pasados a los alegatos defensivos en favor de sus clientes, la extensa alocución de cada uno de ellos, amplió considerablemente la duración de la audiencia, en la que cada uno prácticamente expuso caso por caso, rechazando las diferentes imputaciones y solicitando la libertad de cada uno, aunque ofreciendo subsidiariamente la posibilidad del arresto domiciliario. Tal vez los casos particulares estuvieron dados por la situación planteada por los doctores Hervida y José Orlando Romero.

  El primero de ellos pidió la libertad, y en todo caso, la continuidad de la prisión domiciliaria de su cliente, César Santucho, argumentando la simple promesa del imputado a ser procesado. Entendió que se daban las condiciones para la excarcelación de quien, según explicó, tuvo un accidente y debió ser operado en sus dos muñecas, colocándose prótesis provisorias, encontrándose con medida de coerción en su domicilio junto a su esposa y la hija de 6 años.

  Pero donde se generó la discusión fue en la participación del doctor José Orlando Romero, defensor de Mauro Cornejo, al exponer ampliamente sobre la situación de los menores ante la justicia, como paso previo para solicitar la recusación de la fiscal general jefe, Mirta Moreno, manifestando que habría incumplido la observancia de aquellas normas referidas a derechos quienes tienen entre 16 y 18 años.

  Fue aquí que se generó la polémica, aclarando la jueza que no era ella la autoridad competente para resolver esta situación, y advirtiendo al abogado que en caso de continuar en su tesitura corría el riesgo de retrotraer la situación de los detenidos a la condición que tenían antes de esta audiencia, es decir, continuarían detenidos, inclusive su propio defendido.

  Pero mas concreta fue la intervención de la propia doctora Moreno y del fiscal Zaratiegui, cuando hicieron saber que el doctor Romero se estaba apoyando para hacer tal requerimiento en una causa que tuvo a su cargo la jueza Laura Servent, y no tenía relación con lo que aquí se trataba. Sucede que el profesional daba a entender que se le estaba privando de la libertad a Cornejo, sin tener en cuenta su edad al momento de los hechos, menor de 18 años.

  Sin embargo, cuando la doctora González le pidió aclaración sobre la causa en particular, admitió que la misma había sido tratada por la jueza Servent, recibiendo como respuesta que no era este el ámbito ni ella la autoridad para resolver en un conflicto de esta naturaleza sin nada que ver con esta causa.

  Lo cierto es que la audiencia se fue extendiendo en demasía, entre los sucesivos cuartos intermedios y las intervenciones de los defensores, además de las réplicas efectuadas por el Ministerio Público Fiscal y las contraréplicas defensivas, haciendo que prácticamente dure doce horas, ya que cerca de las 20, y habiendo intervenido todas las partes, la magistrada determinó un nuevo cuarto intermedio de una hora para poder resolver.

Resolución

  La Jueza Ivana González resolvió extender la medida de coerción por tres meses para quienes se encuentran detenidos, imputados de asociación ilícita en concurso real con robo, robo agravado, hurto y otros hechos.

  Lo determinado por la magistrada se fundamentó, a su entender, en que ninguno de los elementos evaluados oportunamente y que determinaron la prisión, fueron rebatidos por las defensas de los imputados, recalcando la importancia del delito de asociación ilícita.

  Al igual que en su anterior resolución del 22 de noviembre de 2012, la doctora Gonzáles manifestó que las escuchas acreditan con probabilidad el delito y deja al descubierto la vinculación entre los integrantes de la mencionada probable asociación. Estimó vigentes los riesgos procesales, debido a la cantidad de hechos planeados y la voluntad de seguir operando con los mismos fines, a la vez que aludió a la extensión del daño que lesiona a víctimas y a la sociedad toda, afectando la tranquilidad pública, señalando que basta ponerse en lugar de las víctimas o los ciudadanos para darse cuenta de la situación generada por los hechos que involucran a los imputados.

  Además, el 21 de febrero el Ministerio Público Fiscal presentó autos de ampliación de la imputación para su correspondiente apertura, que se suma a la ampliación del 13 de febrero no comunicada por la oficina judicial, además de referirse a algunas situaciones particulares expuestas por los defensores en esta audiencia, las cuales ya habían sido tratadas y resueltas por otros jueces, manteniéndose en consecuencia lo ya determinado en ese sentido.

  Por lo tanto, la Jueza confirmó la prisión preventiva por otros tres meses para Carlos Rolin, Sebastián Acuña, Ricardo Gómez, Cristian Alves, Carlos Saez, Mario Pugh, Cristian Segundo y Omar Segundo, además de César Santucho, quien permanecerá con la modalidad domiciliaria.

  Mañana, desde las 13, está prevista la audiencia de revisión para la situación de Diego Huenelaf, quien no pudo asistir hoy por indisposición, y se encuentra detenido también Jonatan Méndez, relacionado con los hechos y en cuya audiencia de control se le impusieron tres meses de prisión.

  Mientras tanto, el próximo jueves se programará la audiencia donde se tratará la ampliación de apertura de investigación, donde se imputan por once nuevos hechos a siete de los ya detenidos en esta causa.