En diversas resoluciones que se han adoptado desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 esta Procuración General ha fijado su posición a favor del  tele trabajo o también denominado home office. En efecto, desde los comienzos de esta crisis sanitaria se dejó en claro que el personal excetuado de concurrir a las oficinas por formar parte de los grupos de mayor riesgo podían ser convocados a prestar tareas a distancia.

Esa misma línea ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es de público conocimiento que se ha seguido también en el ámbito de las relaciones de empleo privado no sólo en la República Argentina, sino en muchos países del mundo. Lo que además evidencia que el trabajo on line, el empleo de medios electrónicos, las audiencias por video conferencia, por mencionar algunas, son nuevas modalidades que han demostrado beneficios y sin dudas continurán utilizándose en el futuro.

Las crisis requieren la adopción de medidas extraordinarias, flexibilidad y creatividad para poder llevarlas adelante. Eso han tenido todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal, destacando la buena fe y el compromiso en el ejercicio de la función.

Así, tal como lo expresa también la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut en un reciente pronunciamiento, como integrantes de un Poder del Estado, el Ministerio Público Fiscal presta un servicio esencial a la comunidad, existen situaciones que merecen tratamiento inmediato y no pueden ser postergadas, para lo que corresponde convocar a trabajar al personal mediante mecanismos eficaces que garanticen a la vez el Servicio de Justicia y cumplan con el aislamiento social obligatorio.

Por supuesto que la mora en el pago de los salarios de febrero y marzo ha sido objeto de reclamo al Poder Ejecutivo Provincial, así como la determinación de un marco de certidumbre en el cobro futuro de los haberes de todos los trabajadores judiciales. No hemos cesado de hacerlo, en cuanta oportunidad hemos tenido e insistiremos en ello, buscando alternativas de solución.

Pero no se puede ser ajeno al esfuerzo de la ciudadanía para abordar la pandemia del COVID-19, que golpea a la Provincia del Chubut en un momento en que ya se encontraba en crisis. A un Poder Judicial que ya se encontraba con prestación de servicio reducido a causa de la falta de pago de los salarios, con empleados adoptando medidas de fuerza y restricciones en la prestación de las tareas. Con severas restricciones de recursos materiales para llevar adelante las funciones, concretamente en el ámbito del Ministerio Püblico Fiscal.

La posisición de la Procuración General pretende ser un llamado a la sensatez. Hay que seguir reclamando con firmeza el cumplimiento con el pago de los salarios adeudados, corresponde continuar exigiendo que se brinden certezas sobre la continuidad de los cronogramas de pago de haberes. Pero también es necesario que el Poder Judicial atienda su función constitucional, de la mejor manera que se pueda en el marco de las circunstancias excepcionales que se presentan, para lo que debe contar con su gente, tal y como lo viene haciendo hasta ahora.