Modifican calificación legal en una causa por cuatro hechos de desobediencia
La Procuradora Fiscal Luciana Coppini, solicitó la modificación de la calificación legal provisoria, en un proceso contra Bruno Álvarez, imputado como autor del delito de desobediencia a una orden judicial, en cuatro hechos. En este marco, la representante de fiscalía, propuso quitar la imputación de violación de domicilio, en una de las acusaciones. Asimismo, la abogada defensora Rosa Sánchez, adelantó que, en la próxima instancia judicial, presentarían una solicitud de suspensión de juicio a prueba, que incluye reglas de conducta y reparación económica, en favor de instituciones públicas de la comunidad.
Al inicio del acto judicial, la procuradora fiscal, relató los hechos que formarán parte de la pieza de acusación pública contra Bruno Álvarez. La primera denuncia contra el imputado se registró el 29 de agosto de 2024, a las 22:00, en inmediaciones de un local comercial, ubicado sobre las calles España y Uruguay. En esa ocasión, su ex pareja se encontraba junto a un compañero de trabajo, cuando Álvarez se acercó y le pidió hablar. En este contexto, recordó que el 11 de agosto de 2024, la Jueza de Paz, Dora Álvarez, había dictado una orden de prohibición de contacto entre el procesado y su ex pareja.
En tanto, al día siguiente -el 30 de agosto de 2024-, a las 08:50, el acusado ingresó –sin autorización- a una vivienda ubicada en el barrio “Parque 21 de junio”, donde reside la víctima, quien en ese momento se encontraba en su lugar de trabajo.
Finalmente, en esas mismas jornadas, Álvarez utilizó la aplicación “Mercado Pago”, para realizar transferencias de dinero y envío de mensajes a la víctima.
Así las cosas, Coppini, explicó que mediante el análisis de los elementos con los que cuentan para presentar la acusación pública, correspondí no continuar con la imputación del delito de violación de domicilio.
Reparación y violencia de género
A su turno, la representante del Ministerio Público de la Defensa, Rosa Sánchez, no formuló oposición al pedido de la fiscalía. Asimismo, adelantó que, para la próxima instancia procesal, solicitarán la aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba.
Entre las obligaciones de este instituto, destacó que Álvarez, deberá fijar domicilio, realizar talleres y capacitaciones sobre violencia de género, y mantener la prohibición de contacto y acercamiento con la víctima. También ofrecerán una reparación económica de noventa mil pesos, en beneficio de tres instituciones públicas de la comunidad (Asociación Bomberos Voluntarios, Hogar de Ancianos “Marí-Marí Peñí” y Hospital de Sarmiento).
Al no existir controversias entre las partes, el juez penal Ariel Quiroga, hizo lugar a la solicitud de la fiscalía.
