En sala de oficina judicial ubicada en tercer piso de tribunales se llevó adelante una audiencia mediante la cuál el Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general Gustavo Núñez acordó con la defensa ejercida por Lisandro Benítez la posibilidad de aplicar el instituto de juicio abreviado, previsto en el artículo 355 del código procesal penal, en un complejo caso donde un menor fue acusado por la muerte de su hermano.
El caso generó honda preocupación y fue así que contó con un seguimiento exhaustivo de los operadores judiciales, en particular de la asesoría de familia y la propia fiscalía, manteniéndose un contacto directo con familiares y el propio acusado, quien permaneció durante un tiempo en el centro de orientación socio educativa (COSE), para luego y a partir de un compromiso y un mayor afianzamiento familiar pasar a formar parte de los programas de libertad asistida , lo que se lleva a cabo desde hace varios meses, observándose la evolución que implica esto en la conducta del joven.
Tanto el fiscal, como el asesor Pablo Rey, dieron cuenta del trabajo efectuado en ese sentido y especificaron que el acuerdo alcanza a medidas tutelares y la participación laboral dentro del programa de libertad asistida, siendo que actualmente se dedica a trabajos de herrería y construcción, complementado esto con actividades educativas y tratamiento sicológico. Todo esto fue acordado para el lapso de dos años, que vence el 3 de diciembre de 2023, y deberán realizarse audiencias trimestrales, donde los organismos correspondientes informen acerca del desarrollo de estas medidas.
El Juez Marcelo Nieto Di Biasse consultó al joven, quien dijo comprender lo tratado durante la audiencia y estuvo de acuerdo en la prosecución de su implementación, a la vez que reconoció lo sucedido el 3 de diciembre de 2021 en un barrio de nuestra ciudad cuando acabó con la vida de su hermano de 14 años. El magistrado hizo saber que estaban dados los requisitos para la implementación del juicio abreviado, aunque se aclaró que en caso de incumplimiento a lo dispuesto, se revisará la situación debiendo hacer frente a la acusación que tiene una pretensión punitiva de seis años de prisión efectiva.