Control de la detención por desobediencia a una orden judicial de prohibición de contacto y acercamiento

Esta mañana, la Procuradora Fiscal Marisol Sandoval y el funcionario Alexis Ubilla, formularon cargos contra Daniel Héctor Quiduleff (31) como presunto autor del delito de desobediencia a una orden judicial.

El imputado fue detenido por la policía el sábado 22 de febrero, a las 09:45. En esa ocasión, Quiduleff, caminaba en inmediaciones de la vivienda de su ex pareja. En tanto, el viernes 21, había sido notificado de una orden de exclusión del hogar a raíz de que su ex pareja, presentó una denuncia en su contra por el delito de violencia de género. Asimismo, en esa jornada, el juez de familia, Santiago Huaiquil, dictó una medida judicial, que establece la prohibición de acercamiento y acceso por un radio de cuatrocientos metros. La orden incluye la prohibición de comunicaciones telefónicas y/o electrónicas, entre el imputado y la víctima, por el plazo de sesenta días.

Así las cosas, el juez penal Ariel Quiroga, resolvió formalizar la investigación penal contra Daniel Quiduleff en orden a los hechos presentados y la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal   

Al inicio de la audiencia, el funcionario Ubilla, presentó los hechos que figuran en la pieza de pedido de formalización de la investigación penal preparatoria de juicio. Luego, solicitó la declaración de legalidad de la detención de Quiduleff.

Por otra parte, explicó que se trata de un delito de acción pública, donde la damnificada es la administración pública.  En este orden, requirió el plazo de seis meses de investigación y la presentación en las oficinas del área de criminalísticas a los fines de la aplicación del protocolo de identificación.

Por su parte, la defensora pública, Rosa Sánchez, no se opuso a la declaración de legalidad de la detención. También consideró que se encontraban los requisitos para formalizar la investigación penal.

En otro orden, Sánchez, propuso trabajar sobre la posibilidad de acceder a un acuerdo conciliatorio, entre Quiduleff y su ex pareja.

En este sentido, la procuradora Sandoval, manifestó que, en función de un instructivo de la Procuración General, corresponde oponerse a la propuesta de salidas alternativas del conflicto, cuando están involucradas personas con antecedentes penales computables.

A ello, añadió que Quiduleff, desde el año 2015, está en el sistema penal, y ya accedió distintos beneficios como suspensión de juicio a prueba. También, recibió condenas de cumplimiento efectivo y fue declarado reincidente. En consecuencia, otorgar un nuevo beneficio, sería un mensaje contradictorio hacia la sociedad y el espíritu de la norma.   

En este marco, el juez Quiroga, sostuvo que la judicatura no puede avanzar con la propuesta de la defensa pública, respecto de un acuerdo conciliatorio, cuando los representantes del Ministerio Público Fiscal, se pronunciaron en contra.

Luego, resolvió declarar legalmente ejecutada la detención del imputado, y autorizar el inicio formal de la investigación preparatoria de juicio. Asimismo, otorgó el plazo de seis meses para que la fiscalía concluya su investigación.