Ariel Rojas se entregó en horas de la mañana de hoy, tras haber permanecido con orden de captura desde el 3 de febrero, imputado del homicidio de Miguel Angel Salazar, realizándose la respectiva audiencia de control, donde el juez José García, a postulación del Ministerio Público Fiscal, dispuso la apertura de investigación y la prisión preventiva por el término de un mes.

  De acuerdo al relato del funcionario de fiscalía, Omar Rodríguez, el día mencionado, momentos previos a las 20,20 aproximadamente, en circunstancias que Miguel Angel Salazar se presentó en compañía de su pareja en el kiosco ubicado en barrio San Martín de Trelew, con el objeto de comprar cigarrillos y galletitas, son atendidos por el imputado, quien recrimina a su cliente una deuda que supuestamente tenía su hermano.

  Fue así que le habría expresado: "todos ustedes son lo mismo, vos y tu hermano son la misma mierda y ese gil me debe plata, alguno de los dos tendrá que pagar". En esas circunstancias se origina una discusión entre Salazar y Rojas, lo que motivó la intervención de la acompañante del primero, quien tomó del brazo a la víctima y lo condujo hacia la esquina.

  En ese momento, el encartado sale del kiosco y dirigiéndose a Salazar, le manifiesta: "puto, cornudo...te voy a matar a tu hija...", lo que provoca la reacción del agredido verbalmente, volviendo hacia el lugar donde se encontraba el victimario, y a una distancia aproximada de dos metros, es Rojas quien munido con un arma de fuego, y sabiendo lo que hacía, conociendo el poder vulnerante del elemento que portaba, con la clara intención de provocarle la muerte, efectúa varios disparos en dirección a la humanidad de Salazar, impactando algunos de ellos en zona craneana y pectoral, lo que le produjo lesiones a nivel encefálico y cardíaco, falleciendo en forma casi inmediata.

  En la imputación, el doctor Rodríguez hizo saber que el hecho descripto encuadra prima facie en la figura de homicidio, agravado por el uso de arma de fuego, previsto y reprimido en los artículos 79, 42 bis, y 45 del Código Penal, que tiene una pena conminada en abstracto que va de los diez años y ocho meses de prisión a los veinticinco años de prisión.

  Consideró que se contaba con los elementos de convicción suficientes para determinar que el imputado es autor en grado de probabilidad de un hecho penalmente relevante de características graves, esto es un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El agresor, por un motivo insignificante, se hace de un arma de fuego y le quita la vida a una persona, que no era el causante del encono del imputado, no era el que le debía plata y a pesar de ello no tuvo reparos en quitarle la vida.

  Y estas características que rodean al hecho, ya en sí extremadamente grave, es el haber efectuado varios disparos en la vía pública, generando además una situación de peligro para terceras personas que se encontraban en el lugar. Por otro lado, la actitud que reveló el imputado, inmediatamente de ocurrido el evento, dándose a la fuga, permaneciendo oculto por varios días, sin perjuicio que se haya entregado en el dia de la fecha.

  De esta manera, la fiscalía fundamentó el peligro de fuga y entorpecimiento, teniendo en cuenta también la extensión del daño o daño resarcible, en este caso, la vida de una persona con todas las consecuencias que ello genera. Por estos motivos, y varios mas expuestos durante la audiencia, el doctor Rodríguez solicitó la prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación.

  El defensor, Fabián Gabalachis, intentó ponderar el hecho que su cliente se entregara voluntariamente para morigerar la medida de coerción que pudiera aplicarse, pero el Juez, José García, tuvo en cuenta que mas allá de esto, el imputado permaneció durante tres semanas con pedido de captura. A su vez sumó como fundamento para su resolución las entrevistas y actuaciones llevadas adelante, considerados elementos importantes para determinar la probable autoría, sumando los riesgos procesales existentes.

  Fue así que determinó la prisión preventiva para Ariel Rojas, en principio por un mes, debiéndose revisar en ese lapso su situación procesal, evaluándose los elementos que pudieran colectarse durante la investigación, cuya apertura quedó formalizada en la misma audiencia.