En una audiencia considerada como incidente de ejecución, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Fiscal General Fabián Moyano, informó sobre la situación que padecen víctimas de abuso sexual, al encontrarse el condenado en libertad, sin haber sido notificadas al momento de llevarse adelante la audiencia donde se tomó tal determinación.

  En la sala se encontraba presente la madre de uno de los menores afectados, que relató haberse encontrado cerca de su domicilio con Ariel Emiliano Roberts Schiaffino, encontrado culpable de abuso sexual en perjuicio de tres menores. En un primer momento, el 16 de diciembre de 2009 un Tribunal integrado por los Jueces Patricia Asaro, Adrián Barrios e Ivana González, le impuso una pena de seis años de prisión.

  Posteriormente, Schiaffino recurrió el fallo, pronunciándose la Cámara de Apelaciones fijándole tres años y seis meses, bajando la condena del Tribunal de Enjuiciamiento. Así, y de acuerdo a los plazos previstos en las normas, existiendo las condiciones requeridas, la Jueza de Ejecución Ivana González determina la libertad condicional el 27 de septiembre de 2011, de acuerdo al artículo 13 del Código Procesal Penal.

  Sin embargo, ese estado se le concedió sin tomar ninguna medida en favor de las víctimas, asumiendo ésto el Fiscal, quien a la vez hizo ver que la parte interesada no fue notificada, y así lo expresó la madre presente en la sala de audiencias. La señora relató que cuando lo vió en la calle iba con otra de las perjudicadas, y mas allá del asombro y lógico temor, siguieron sus pasos, inclusive llamando a la policía ya que creyeron en la posibilidad de evasión del denunciado.

  Ariel Emiliano Roberts Schiaffino, que llegaría al término de la condena el 17 de septiembre de 2012, fue llevado por un patrullero debido a que se generó un altercado, cuando mas familiares de las víctimas se acercaron al lugar donde se encontraba, derivando todo ésto en la solicitud que realizó el Ministerio Público Fiscal. La Jueza Patricia Asaro, subrogando a la doctora González, reconoció que la parte afectada debió haber sido notificada oportunamente, consultando si el abogado particular, Fabián Gabalachis, quien actuó como patrocinante de los acusadores no había recibido el aviso pertinente de la oficina judicial.

  En tanto, la defensa pública, ejercida por Patricia Scuffi, manifestó que su cliente era el perjudicado al estar cumpliendo con la condena y los requisitos correspondientes e indicando que padece el asedio, no solo en forma personal, sino también a través de las redes sociales y la difusión mediante afiches en distintas partes de la ciudad, pidiendo ella la prohibición de acercamiento hacia su defendido.

  Ante esto, el Fiscal General Fabián Moyano manifestó una drástica oposición a tal solicitud, considerándola absurda, al pedir que no se alteraran los objetivos por los cuales fue convocada esta audiencia, requiriendo la pronta implementación de medidas consistentes en la prohibición de acercamiento del condenado a los domicilios de los perjudicados. La víctima, representante de otras que se encontraban en los pasillos del tercer piso de Tribunales, señaló que su hijo aún está siendo sometido a tratamientos sicológicos, encontrándose con serias secuelas después de todo lo acontecido.

  La doctora Patricia Asaro impuso de esta manera la prohibición de acercamiento solicitada por la Fiscalía y remitiéndose al artículo 99 del Código Procesal Penal, resolvió hacer actuar al Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito en favor de los afectados en este caso, atendiendo que deben estar a disposición en cualquier etapa del proceso. En el mismo sentido, rechazó la postura de la defensa, considerando improcedente una prohibición de acercamiento que beneficie a un condenado.