El Ministerio Público Fiscal, representado por las Funcionarias de Fiscalía Verónica Van Vliet y Claudia Ibáñez, solicitó en una audiencia preliminar la elevación a juicio de la causa por la cuál se acusa a Mauro Andrés Aguilar del delito de homicidio simple en grado de tentativa, dos hechos en carácter de autor, enmarcados en los artículos 75 y 42 del Código Penal.
Hecho
De acuerdo a lo especificado, el imputado habría irrumpido cerca de las 18 del día 9 de diciembre de 2011, en un domicilio de la calle Posadas Norte de Trelew, donde se encontraban reunidas varias personas compartiendo mates en el patio delantero de la vivienda. Aguilar habría portado el arma 9 mm, con el que primero apuntaría por la espalda a César Martin, allí presente, con intenciones de causarle la muerte.
Al observar lo ocurrido, Marcelo Martin reacciona trenzándose en lucha con el visitante, saliendo a la calle entre forcejeos, y es en ese momento cuando Aguilar, un agente policial que prestaba servicios en dependencias policiales de Trelew, dispara causando heridas en quien intentaba detenerlo. Ante esto, César va en defensa de su hermano, provocando que el agresor dispare sobre su humanidad, lo que posteriormente le provocaría la pérdida de un riñón.
También estaban en el lugar una hermana de Martin y otra mujer, actual novia de uno de ellos y madre de un hijo de Aguilar. Esta última logra quitarle el arma, arrojándola a un techo lindante, haciendo que el acusado se trepe y consiga tomarla nuevamente, en momentos que llegaba la policía al lugar.
Dirigiéndose a los integrantes de la fuerza pública, el agresor amenazaba con quitarse la vida, mientras a través de un celular parecía expresarle a un interlocutor: "me mandé una cagada, ya está...". En medio de una tensión generalizada, Aguilar terminaría descerrajándose un tiro en uno de sus brazos, por lo que estuvo internado varios días, antes de ser alojado detenido en una dependencia.
Juicio oral y medidas
La Fiscalía pidió la mantención de la medida de coerción, profundizando en los riesgos procesales subsistentes, esto es el peligro de fuga y entorpecimiento, ante lo que el defensor, Gustavo Latorre explicitó que en una audiencia anterior se había resuelto el arresto domiciliario, que no pudo efectivizarse debido a la no aceptación del domicilio propuesto por no reunir medidas de seguridad acordes a las circunstancias.
Esto fue verificado por la Jueza, Ivana González, quien decidió finalmente la elevación a Juicio oral y Público, debiendo la oficina judicial fijar fecha e integrantes del un tribunal colegiado, teniendo en cuenta que la pretensión punitiva de la parte acusadora es de al menos siete años. Resolvió por otra parte, admitir toda la prueba documental y testimonial ofrecida tanto por la Fiscalía como la defensa.
Respecto a la medida de coerción, acordó con el Ministerio Público acerca de los riesgos procesales existentes, manteniendo la prisión preventiva, aunque supeditada a la posibilidad de arresto domiciliario en caso de presentación de un lugar adecuado para tal fin, según lo acordado anteriormente.
